El Código de Ordenamiento Urbano se encamina a la convalidación provincial tras un año y medio desde los últimos pedidos de modificaciones en las nomenclaturas. El COU había sido aprobado en febrero de 2017 luego de una historia de debates y conflictos. Cambios en la gobernación facilitaron el camino.
Será en semanas, será en días, pero la aprobación del nuevo Código de Ordenamiento Urbano de la ciudad de Luján está al caer. En el Ejecutivo nadie quiere anticipar lo que sin dudas resulta un objetivo imprescindible para la gestión Luciani, quien acompañó con medidas de todo tipo a los negocios inmobiliarios de los sectores más concentrados, en detrimento de medidas redistributivas que mejoren la accesibilidad para la comunidad (como el Banco de Tierras) e incluso evitando la participación, con el veto a la ordenanza del Consejo Urbanístico.
En lo concreto, el COU no avanzaba porque la Secretaría de Legal y Técnica de la Provincia de Buenos Aires era el área que se oponía a aceptar los términos de la ordenanza (en concreto su artículo 2) que votó el Concejo Deliberante por última vez en la temática, allá por noviembre de 2017. En dicha ordenanza, el HCD había autorizado al Ejecutivo a corregir los anexos del COU (siempre en coincidencia con lo que el propio Concejo había aprobado) y -según opinaba la secretaría- así se le estaría delegando al intendente una facultad indelegable según la Ley 8912, norma que rige como marco en la regulación urbanística de los municipios.
Los cambios eran puntualmente sobre las nomenclaturas. El COU, ya había sido aprobado en febrero de 2017; volvió en noviembre pero sin convalidar porque Ordenamiento Territorial Provincial pidió 12 modificaciones que había que realizar, tales como que la zona ACRE debía llamarse AC-RE; el Área 1 tendría que ser Zona 1 y así otras diez adaptaciones. A pesar de la sencilles que parecían expresar los cambios, la firma de Vidal no llegaba por negativas de la cartera de asesoría de la gobernadora. Ante la traba burocrática, Luján quedaba en la fila de otros municipios que también se encuentran sin definiciones de ordenamiento territorial.
Pero la llave salvadora fue el decreto provincial 183/2019 con fecha del 25 de marzo, en el cual ahora quien deberá convalidar normas municipales referidas a la Ley 8912 (puntualmente lo requerido en su artículo 83) es el Ministerio de Gobierno Provincial -hoy en manos de Joaquín de La Torre- y no ya María Eugenia Vidal. Esta situación deja afuera la intervención de la Secretaría de Legal y Técnica, única área que se oponía a la hora que firme la gobernadora las convalidaciones. Por lo tanto, sin negativas a la vista, el trámite está continuando camino a su aprobación.
Se viene el COU y mi cuerpo lo sabe, dice el intendente y los especuladores inmobiliaros, los mismos que en diferentes oportunidades colocan a vecinos de rehenes con métodos como los fideicomisos, algo que hace que familias enteras también esperen el nuevo COU, aunque ambos con necesidades incomparables.
Desarrolladores inmobiliarios, martilleros, dueños de inmobiliarias y operadores varios caminan en las últimas horas los pasillos de la municipalidad y el Concejo Deliberante.
Miércoles o jueves, según las agendas, son los días preferenciales donde los actores copan la escena carpetas en mano. Pero ante las novedades, todos los días son pertinentes. En paralelo, hasta el intendente almorzó semanas atrás en Everlinks, con los dueños del barrio cerrado, el secretario de Obras Públicas y concejales de su espacio, para dar las buenas nuevas. «No nos queremos ilusionar», repiten una y otra vez desde Cambiemos. Pero…
Tiempo más, tiempo menos, parece que los ganadores ya están descorchando.
