Cientos de laburantes del Correo Argentino recibieron los últimos días telegramas de despidos, en el marco de la ola desatada contra los y las empleadas públicos que ordenó el Gobierno nacional.
La explicación oficial asegura que se trata de medidas de «reestructuración» y “reorganización interna”. Las cesantías abarcan a todo tipo de personal, independientemente de sus años de antigüedad, tareas y funciones.
Desde la Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones (AATRAC) estiman que las cesantías superan las 500 en las sedes de la Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa, Catamarca, Tucumán, entre otras.
En Luján se confirmó un despido puntual que recayó sobre un empleado que había iniciado un juicio contra el Correo y que pone el alerta al resto de la seccional, que se compone por unas 15 personas.
Los despidos masivos comenzaron días antes del tratamiento de la Ley Bases, donde en el “Anexo I” el Correo Argentino quedó en la categoría que figuran sujetas a “privatización parcial o concesión”.
Desde el gremio a nivel nacional se declararon en alerta y lanzaron una campaña contra la posible privatización de la empresa. En los años noventa, el correo oficial estuvo condicionado bajo la órbita de la Sociedad Macri (SocMa), que aún mantiene abierto un juicio de más de 20 años contra el Estado nacional por un controversial proceso de quiebra.
