Trabajadoras y trabajadores del Servicio Local mantuvieron una reunión con la Comisión de Salud del Concejo Deliberante para pedir el pase a carrera hospitalaria. Expusieron la precarización laboral y la falta de condiciones dignas con la que conviven cotidianamente.
El conflicto que se visibilizó con el paro del Servicio Local durante una semana de febrero sigue avanzando por diferentes vías políticas y administrativas. La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud (CICOP) realizó la medida de fuerza debido a la inestabilidad laboral que sufren los trabajadores y trabajadoras del Servicio de Protección de Derechos de Niños.
Tras una semana de cese de actividades, en donde recibieron presiones de todo tipo (incluso amenazas con ser echados) los trabajadores arreglaron firmar un nuevo contrato con un aumento de 18%, inferior al acordado por la paritaria provincial de CICOP que fue del 21%.
Pero ese hecho no desorganizó al sector trabajador, la lucha siguió mediante el Ministerio de Trabajo, en donde Nicolás «Quino» Luna, Presidente de CICOP, presentó dos escritos para darle curso al reclamo de los trabajadores, y una nota en Secretaría Privada del Honorable Concejo Deliberante para exigir el pase a carrera hospitalaria de todos y todas los laburantes del Servicio Local.
El martes 20 de marzo, Quino Luna presentó los escritos en el Trabajo denunciando amenazas laborales perpetradas por Gabriela Manni quien les vaticino a los trabajadores que «si no firman se caen los contratos». Esa denuncia fue pasada a archivo por la delegación del Ministerio de Trabajo aunque aún mantienen la vía judicial para avanzar.
Al tiempo, la segunda denuncia presentada por el Presidente de CICOP corresponde a una situación transcurrida en la Casa de Abrigo mientras se discutía la propuesta salarial. Quino Luna manifestó que el Director de la dependencia municipal, Mariano Toccalino no lo dejó practicar su labor como sindicalista al no permitirle entrar y participar de la asamblea de trabajadores.
En la asamblea, Luna rechazó un escrito firmado por los trabajadores de la Casa de Abrigo presentado por Toccalino en donde expresaban su conformidad ante el acuerdo firmado. El presidente de la CICOP expresó que esa carta fue firmada bajo presión por parte del director y que como jefe no podía hablar en nombre de los trabajadores.
Por otro lado, en la audiencia con el Ministerio de Trabajo desde CICOP objetaron el contrato propuesto por el Ejecutivo Municipal ya que se trata de una pagina de word sin sellos, ni firmas, ni copias. Los trabajadores no recibieron una copia de lo firmado.
Pero aún, con contrato firmado, no cesa la inestabilidad y precarización laboral que el gobierno municipal aplica como política de Estado. Por varias vías, trabajadores y trabajadoras buscan un nuevo y mejor piso para el desarrollo de sus tareas cotidianas en un ámbito sensible en el Estado.
Esta mañana se reunieron con la Comisión de Salud para solicitar el pase a carrera hospitalaria. En casi una hora de reunión expusieron un sin fin de ejemplos de las condiciones de precariedad en la que conviven cotidianamente. Entra tantas, lxs trabajadores manifestaron que tiene que pagar monotributo, una matrícula, les retiren el 3,5% de su sueldo el municipio y les van a empezar a retener otro el 3,5 en el Banco Provincia porque les pagaran bajo depósito.
Asimismo manifestaron que tienen problemas de infraestructura, las paredes son de Durlock, al tiempo que tienen que pedir una llave para ir al baño porque no cuentan con un edificio propio, lo que hace que su espacio se confunda con el de políticas sociales.
La reunión tuvo el eje puesto en dos problemáticas graves: la falta de estabilidad para los trabajadores y el uso del Fondo de Fortalecimiento Familiar. Quino Luna argumentó que «el problema está en el trato, no se puede manejar un servicio con maltrato, con presiones explícitas de que si no firman se quedan sin trabajo. Pidieron una reunión en diciembre y estuvieron 3 meses sin cobrar. El servicio tiene un trabajo muy delicado y cada vez más».
A lo que agregó que «hay compañeras que tienen 13 años de contratados. La contratación es usada con disciplinamiento. Hay que acatar órdenes porque nunca se sabe cuándo te pueden despedir».
Una de las trabajadores presentes explicó que «tuvimos que parar en enero porque estamos abordando situaciones y poniendo la firma sin un contrato que nos respalde. Nos sorprendió la falta de diálogo. No sé acercó absolutamente nadie, lo que único que recibimos fue un contrato, en donde si no te gustaba te ibas. También recibimos mecanismos de presión».
Respecto del uso de fortalecimiento familiar, la ley establece que se use para políticas públicas y no para pagar sueldos pero aún así desde el municipio lo utilizan para los gastos corrientes.
En ese sentido, expresaron los trabajadores «no hay políticas públicas para niñez porque se usa el Fortalecimiento Familiar para pagar sueldos. Cuando tengamos el pase a carrera hospitalaria esperemos que ese fortalecimiento se use para políticas públicas. A lo que agregaron «la demanda aumenta cada vez más y la condiciones se estancan y empeoran. Trabajamos sobre lo urgente y no podemos planificar espacios de prevención».
El consejo de Niñez y Adolescencia es un espacio creado por la ley Nº13298 que no se puso en funcionamiento en nuestra ciudad. «Nunca se puso en funcionamiento el Consejo de niñez. Ahí se debate con otras organizaciones políticas públicas de niñez y lo garantiza la ley. Pero nunca se cumplió» sostuvo una trabajadora.
Si bien la decisión política recae en el Ejecutivo, la respuesta de los Concejales oficialistas presentes no fue del todo contundente. Marcela Manno, presidenta de la Comisión de Salud, y el concejal Curci Castro expresaron que se comprometieron a estudiar bien la ley y a visitar el Servicio Local para interiorizarse en el tema.
Por su parte, Griselda Krauth y Nicolás Capelli exigieron que el dinero se utilice para lo que establece la ley. A lo que propusieron presentar una nota dirigida a Agustín Musso para que presente una ordenanza con la incorporación a carrera hospitalaria de los trabajadores y se trate en la Comisión de Economía así agregarla al presupuesto 2018.
En abril hay prevista una reunión con Rita Salaberry para dé una respuesta a la propuesta presentada por el Servicio Local. Sin embargo, no hay muchas esperanzas de que sin presión se resuelva el conflicto. La coordinadora del Servicio Local blanqueó que «no hay voluntad de parte de los funcionarios. Nosotros tuvimos que pedirle una reunión con Mónica para presentarle el expediente, ella no lo inicio por voluntad propia».
