Tras las denuncias por corrupción y persecución laboral se agudiza el hostigamiento a la jefa de Servicios Generales quien comprometió a la directora Granato. A la trabajadora la pasaron a disponibilidad, decomisaron su oficina y le enviaron una carta documento para garantizar el cambio de funciones.
Mientras en los tribunales de Mercedes avanza la causa judicial contra la directora Rosana Granato y su mano derecha dentro de la Colonia Nacional Montes de Oca, el administrador Sergio Vinuessa, desde la Dirección no esperan para tomarse revancha.
Poco y nada se sabe de los tres móviles de la institución que la directora pidió transferir y retirar sin autorizaciones o de los efectivos de seguridad privada que según la denuncia, eran menos de la mitad los que se firmaban en los remitos. El juzgado numero 4 se mantiene hermético mientras desfilan funcionarios públicos, abogados, gremialistas y empleados, para dar testimonio.
Sin embargo a poco de iniciada la presentación judicial por parte de la jefa de Servicios Generales por corrupción y persecución laboral, los altos mandos de Montes de Oca desataron el hostigamiento a la denunciante, Gina Ortíz. La primera medida fue pasar a disponibilidad a la trabajadora rebelde e impedirle mediante seguridad privada ingresar a su lugar de trabajo.
Una carta documento fechada el 18 de octubre y firmada por la directora Granato da cuenta del cambio de funciones de la trabajadora Ortíz. “Pasará a cumplir funciones en el Área de Organización y Métodos dependiendo funcional y jerárquicamente de la Dirección de Administración” dice el texto de Granato dando cuenta que Ortíz quedará bajo el mando de su mano derecha, el administrador Sergio Vinuesa.
El área a la que derivan a la trabajadora denunciante no cuenta con espacio físico para desarrollar tarea alguna. De hecho lo único que queda del dispositivo es un viejo deposito.
La resolución llegó con posterioridad a que los jerárquicos irrumpieran en la oficina de la empleada rompiendo un candado que impedía el acceso, para decomisar documentos que pasaron a manos de Patrimonio. El operativo se desarrolló mientras Ortiz hacia uso de una licencia para realizar un tratamiento de quimioterapia que la encuentra fuera de lugar de trabajo cada tanto.
“Aprovecharon que no estaba. Reventaron la cerradura y se metieron la jefa de Patrimonio, el administrador y más tarde llamaron a la directora” relató Ortiz. Varios trabajadores, desde el estratégico anonimato para resguardarse de la persecución, testificaron lo mismo que Ortiz respecto al procedimiento de los jerarquicos.
La ahora ex jefa de Servicios Generales inició una nueva denuncia en Fiscalía y en la Sindicatura General de Nación por las novedades respecto a su situación laboral. Es incierto su futuro dentro de la institución de salud mental aunque desde el gremio ATE insisten en que garantizarán la permanencia de la trabajadora de planta y continuarán apoyándola en las instancias judiciales.
