Son benefiarios y damnificados a la vez. De ahí que se han autodenominado damnificiarios. Se trata de 850 familias que fueron sorteadas para acceder a un lote con servicios en el barrio de Los Laureles o en la localidad de Torres y que ahora reclaman la entrega, aunque la obra haya quedado a medio camino tras el parate en la obra pública ordenado por el gobierno libertario.
Los lotes tienen un alto grado de avance, aunque la inversión más costosa como el tendido eléctrico no se finalizó y la incógnita pasa por lo que hará el gobierno nacional con este tipo de proyectos que cuentan con financiamiento. Desde el municipio esperan que se habiliten los fondos o que se rescindan los convenios para salir del limbo en el que quedaron todos los proyectos articulados con el Estado nacional.
Los mismos vecinos que este lunes reclamaron al Concejo Deliberante que interceda en favor de las familias reconocieron que el Fondo de Integración Sociourbana es financiado por impuestos de afectación específica aunque al mismo tiempo pidieron al gobierno local que la obra no se pierda y quienes fueron sorteados puedan acceder a sus lotes.
«Hay vecinos que sacaron créditos para acopiar materiales o para empezar a pagar una prefabricada. Esto ha modificado la planificación familiar de todos nosotros, es nuestro derecho el acceso a esa tierra», reclamó Matías Silva uno de los damnificiarios.
El pedido de las familias reactivó el debate en el Concejo Deliberante entre oficialistas que reclaman claridad al gobierno libertario y sus socios del PRO que buscaron cargar responsabilidades sobre el municipio.
Desde su unibloque, Susana Busso cabalgó sobre las operaciones mediáticas que se realizaron contra el dirigente Juan Grabois y el intendente Boto y en la cual se planteaba que no había avances en los predios y se pedía una auditoría por los Fondos comprometidos.
El alfil de Rita Sallaberry en el Concejo, Agustín Musso, sumó algunos leños al fuego. «La Justicia tendrá que investigar y este Concejo también tendrá que trabajar para buscar una solución porque se han generado expectativas en los vecinos», planteó.
La oposición local no hizo menciones al pedido de dirigentes sociales, la iglesia y otros actores incluidos miembros del PRO que solicitan que el Fondo de Integración Sociurbana se aplique para mejorar las condiciones de los barrios populares.
Por parte del oficialismo fue la concejala Andrea Monzón la que planteó la necesidad de trabajar para que los lotes se entreguen y expuso con sutileza a su colega libertario: «Palito, pedile a Sebastián Parejas (Subsecretario de Integración Socio-Urbana) que escuche a estas familias y entregue los fondos comprometidos para terminar esta obra. Son tiempos difíciles y alquilar se vuelve imposible. Las familias tienen derecho a vivir con dignidad con sus familias».
Las preguntas y pedidos para Pablo Carnevale se fueron amontonando. «¿Durante el cuarto intermedio no podrá llamar a Parejas para ver si puede recibir a los vecinos o aportar una respuesta?», incitó el oficialista Joaquín Martucci. La propuesta tuvo éxito y Carnevale comprometió al funcionario nacional con una reunión sin fecha definida por ahora.
Tras las intervenciones, la votación de la resolución que pide a la Subsecretaría de Integración Socio-Urbana (SISU) que habilite las partidas necesarias para la continuidad de las obras fue aprobada. También se acordó la conformación de una comisión especial para dar seguimiento al tema y acompañar a las 850 familias en las reuniones.
Durante la preinscripción del programa Lotes con Servicios fueron más de 11 mil las familias que pidieron el acceso a la tierra sin contar con propiedades y salarios para cumplir el sueño de la casa propia.
De ahí que el debate se encuadra en la necesidad de que el Estado sea quien favorezca el acceso por medio de planes y programas como el que hoy está en suspenso en Luján.
