El Gobierno nacional rescindió los seis contratos de concesión que quedaban vigentes en corredores viales y que habían sido adjudicados en julio del 2018 a través del régimen de Participación Público Privada (PPP) en la gestión macrista.
La decisión fue tomada luego de una serie de incumplimientos en las inversiones estipuladas por parte de las concesionarias. Previa a la rescisión el Estado intimó a todas las empresas a cumplir con el incremento de las garantías bajo apercibimiento de extinción de los contratos y se les otorgó la posibilidad de rescindirlos de común acuerdo.
«Fueron contratos diseñados para favorecer al sector financiero. Las obras tuvieron una ejecución de solo el 2% en promedio y le iban a salir al Estado tres veces más. Alcanzar estos acuerdos significa ahorrarle a la Argentina un costo millonario en dólares», señaló el ministro Gabriel Katopodis.
Entre las concesiones que se dieron de baja se encuentra el corredor C que incluye la Ruta N°7. La ruta nacional que atraviesa Buenos Aires hasta llegar a Mendoza nace en el Empalme Acceso Oeste Luján y termina en el Empalme RN Nº40 Luján de Cuyo, Mendoza. Las obras a ejecutar estaban a cargo de José Cartellone Construcciones Civiles SA.
Los 295 trabajadores del Corredor C pasarán a depender del Estado Nacional, a través de la empresa estatal Corredores Viales.
El otro de los corredores que pasó a manos del estado es el B que une Luján con Santa Rosa, La Pampa. La ruta N°5 surge en la Calle Pascual Simone y finaliza en el Empalme RN Nº 35 Santa Rosa, La Pampa.
A diferencia del Corredor A, E, F y el Corredor Sur, el Corredor C, que estaba a cargo de José Cartellone Construcciones Civiles SA, y el Corredor B la recisión del contrato se dio de manera unilateral.
A partir de estos acuerdos, los seis corredores serán administrados por Vialidad Nacional, a través de Corredores Viales S.A, que irá realizando las obras por etapas mediante un programa de recuperación que forma parte del Plan Nacional de Obras Públicas.
