El Servicio Paz y Justicia se manifestó en contra del traspaso de los Centros de Formación Profesional al Ministerio de Trabajo. El organismo de Derechos Humanos rechaza la intención de darle perspectiva laboral a programas que apuntan a la educación integral de las personas.
El organismo que preside el Premio Nobel de la Paz, Alberto Pérez Esquivel, se opone al traspaso de los Centros de Formación Profesional (CFP) que dependen de la Dirección de Cultura y Educación (DGCyE) al Ministerio de trabajo.
La resolución plantea por la Dirección General de Educación establece el traspaso de los CFP a la órbita del Ministerio de Trabajo en búsqueda de centros de formación laboral con una mirada empresarial y no con una perspectiva de educación integral de las personas promoviendo el pleno ejercicio de sus derechos.
«No tuvimos la resolución oficial por parte de la DGEyC, las cosas se están manejando de forma muy desprolija. A nosotros nos llegó la resolución firma por parte de un compañero de Pilar, pero a nuestra aldea no nos informaron de forma oficial. Estamos pidiendo reuniones con funcionarios y con la gobernadora Vidal, pero aún no se ha abierto un canal de diálogo» manifestó Cecilia, la coordinadora de la Aldea de Rodríguez de SERPAJ.
Esta nueva resolución se enmarca en un contexto en donde el gobierno esta avanzando unilateralmente con varias decisiones que perjudican el acceso y la calidad de la educación pública. Entre esas medidas se encuentran las modificaciones al reglamento de trabajo de los auxiliares de la educación, el cierre de los Bachilleratos de Adultos, el nuevo sistema de licencias médicas, el despido de los trabajadores de la Unidad Ejecutora Provincial.
El Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), a través de su programa Aldea Jóvenes para la Paz con sedes en General Rodríguez y Pilar, lleva conveniado con la DGCyE desde el año 1995 y 2003 respectivamente, una alternativa complementaria a la educación obligatoria destinada a adolescentes entre 12 y 17 años, en situación de vulnerabilidad social a través de la cual se trabaja con adolescentes en la formación en oficios en el marco de la Educación para la Paz y la Noviolencia Activa.
Desde la entidad sostienen que un programa educativo como el que lleva adelante no solo debe enfocarse desde la perspectiva laboral sino que debe permanecer dentro del sistema educativo ya que apunta a la educación integral de las personas promoviendo el pleno ejercicio de sus derechos.
En este sentido, la coordinadora manifestó «la nueva resolución apunta a trabajar con chicos mayores de 16 años, actualmente nosotros lo hacemos con jóvenes de 12 a 17 años. Además el proyecto de la Aldea jóvenes para la Paz apuntá a formación integral de adolescentes, con lo cual entendemos que debe estar bajo la órbita del Ministerio de Educación y no del de Trabajo. El objetivo del Ministerio de Trabajo es solamente formar jóvenes para la inserción laboral. Nuestro proyecto no apunta solamente ni primordialmente a eso. Nuestra idea es la educación integral de los jóvenes promoviendo el pleno ejercicio de sus derechos»
Desde el organismo de derechos humanos sostuvieron que el proyecto pedagógico que actualmente llevan adelante está enfocado hacia adolescentes y jóvenes privados del goce de los DDHH y tiene como finalidad abordar interdisciplinariamente la promoción, prevención, defensa y recuperación de estos derechos a partir de una tarea educativa que comprende una diversidad de talleres de capacitación cuyo eje central es la concepción del adolescente – joven como sujeto de derecho universal.
Por último, también lamentaron la falta de diálogo de las autoridades provinciales y de Educaciòn. Y expresaron «no se olviden que detrás de los números que el gobierno tiene como prioridad, hay rostros de jóvenes, niños, adultos y ancianos que reclaman sus derechos a una vida digna. No es posible que implanten políticas que llevan a un grave retroceso al pueblo, en especial a los sectores más pobres y vulnerables de la sociedad».
