El Concejo Deliberante ingresó a las comisiones de Género y Legislación el proyecto que busca modificar el protocolo con el que se interviene en situaciones de violencias de género en el ámbito municipal. Fue en la última sesión del Concejo, el lunes 17 de abril, y el pase fue convalidado por unanimidad. Antes de trabajarse en las comisiones, el Ejecutivo también deberá expedirse.
La normativa actual está vigente desde 2019 y fue aplicada a 27 varones agresores. Entre ellos, 7 eran proveedores de servicios al municipio y los 20 restantes eran empleados municipales, de los cuales cuatro tenían mayor jerarquía que la denunciante. Además, varias denuncias fueron realizadas en forma grupal contra un mismo agresor, alcanzando un total de 38 personas en situación de violencias de género en el marco del protocolo.
Estos datos fueron relevados por la Dirección de Géneros, que es entidad de aplicación de la normativa. El informe confeccionado con el accionar de los últimos tres años fue materia prima para este proyecto que impulsa la adhesión de tres puntos: Las consecuencias de que las personas agresoras no acaten lo solicitado por las autoridades, la temporalidad de las sanciones y la evaluación constante de las mismas, y la forma y/o los responsables de informar las decisiones a la gente.
En la sesión, la edil Carolina Francia señaló que la problemática de la violencia de género en el ámbito laboral está presente en todos los espacios de trabajo, “el Municipio no está exento de eso, y demanda de política pública que pueda dar respuesta a esas situaciones para que mujeres y personas de la diversidad cuenten con un estado municipal que de respuesta” expresó.
Además, hizo mención de una norma directamente ligada con el protocolo, que es la Ley Micaela y las capacitaciones que se realizan en el marco de esa normativa para toda la planta municipal: del total, 450 empleados municipales fueron formados en 11 cohortes virtuales y 5 cohortes presenciales.
También Eva Rey tomó la palabra para señalar que en el momento de confección y aprobación de la normativa original (proceso que ambas integraron), no existían la Ley Micaela y la Ley Lucio, dos leyes a nivel nacional que permiten pensar la necesidad de capacitación contra las violencias de género y para la prevención de las violencias contra las niñas y los niños.
“Esta reforma del protocolo coteja la consideración de situaciones de maltrato a niñas, niños y adolescentes, víctimas de alguna persona relacionada a este municipio” explicó Rey “es un salto que inicialmente no estuvo en la primera norma propuesta pero en estos tres años de implementación la Dirección de Géneros y Diversidad articuló con la Dirección de Niñez y adolescencia y nos pareció importante trasladar esa articulación al articulado de esta propuesta de reforma del protocolo”.
