El plan, para entonces, más importante generado a partir de la Ley de Hábitat de la provincia de Buenos Aires se anunció en el año 2015 en vísperas de las elecciones ejecutivas. Para la fecha, el intendente Oscar Luciani buscaba la reelección y Daniel Scioli la presidencia. En la foto de aquel anuncio no faltó casi nadie, incluidos el actual presidente del concejo deliberante Ariel Notta y el intendente Leonardo Boto, quienes alcanzaron sus cargos actuales recién para 2021.
Aquel programa, buscaba relocalizar a 202 familias, que históricamente sufrieron las inundaciones, en un complejo ubicado en el barrio Santa Marta. El municipio pudo hacerse de las tierras a partir de un consorcio urbanístico habilitado por la ley que tenía poco tiempo de vigencia.
La obra era de importancia nacional y, según los planes, para 2018 estaría finalizado. Sin embargo, tras las entrega de las primeras 30 viviendas todo entró en un impasse que dura hasta estos días. En la actualidad se finalizaron 60 viviendas y restan dos etapas de 58 (abandonadas) y 84 viviendas respectivamente.
La obra quedó paralizada por la constructora Santa Marta y la novedad llegó a partir de que aceptaron rescindir el contrato, y tras, al menos, dos años de quejas acumuladas por las familias, la Comisión de Seguimiento por Relocalizaciones y, en off de record, también por parte de funcionarios municipales.
En las 60 viviendas actualmente habitadas hay importantes desperfectos y fallas estructurales, al punto que familias relocalizadas volvieron a sufrir el agua dentro de casa por goteras, techos rotos y filtraciones.
Con la rescisión del contrato a la constructora, el gobierno local tiene la oportunidad de retomar la obra. La trama en Santa Marta es compleja y presenta varios ribetes. El financiamiento es apenas uno de los aspectos a resolver en ese sentido. Para ello, desde el municipio aspiran a acceder a los fondos del programa Reconstruir que recientemente presentó Jorge Ferraresi y que está destinado a retomar obras inconclusas como la de Santa Marta.
Por estos días, desde las direcciones de Tierras y Obras Públicas están revisando los convenios para iniciar un tramo de la obra pendiente con una cooperativa de Luján que ya presentó propuestas y planos para 84 viviendas comprendidas en la «Etapa 3».
Mientras tanto, desde Legales trabajan para destrabar los conflictos administrativos heredados de la gestión anterior respecto a la situación dominial. Las tierras generadas a partir del consorcio urbanístico aún no están legalmente en manos del municipio y por ende, las 60 familias que ya habitan el complejo no pueden escriturar a su nombre los inmuebles.
La gestión, que ya suena con voz de Alejandro Lerner, aún no termina el juego, tiene algo de esperanza en que el plan de obras pueda encontrar nuevamente su rumbo. Las familias inundadas siguen empujando pese al cansancio de los años perdidos.
Foto de archivo: Victoria Nordenstahl
