En noviembre de 2019, la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) actualizó su ranking de transparencia municipal ubicando a Luján entre los peores puntuados.
El ranking pondera la publicación en sitios oficiales municipales del presupuesto, la situación económica financiera trimestral, la ejecución presupuestarias, la ejecución de gastos según finalidad y función, y el stock de deuda pública trimestral.
Luján se encontraba al fondo de la tabla debido a demoras de meses en la publicación de información y ausencia de datos públicos en la mayoría de los rubros. La falta de transparencia fue una constante de la gestión Cambiemos a nivel municipal.
Luego de casi seis meses, la gestión a cargo de Leonardo Boto, que llegó a la intendencia como candidato del Frente de Todos no ha mejorado ninguno de los aspectos.
No hay acceso público al presupuesto municipal vigente ni a contrataciones, licitaciones, ni a la nómina completa de funcionarios municipales, ni se detallan los gastos desglosados por área.
Recién el 23 de mayo por la tarde fueron cargados al Boletín Oficial municipal, dependiente de la Dirección de Sistemas, los decretos emitidos por el intendente desde el inicio de su gestión. Como punto a favor, hay que reconocer que la actualización respetó la lista completa correlativa. Los últimos años estábamos acostumbrados a acceder a decretos salteados, hasta que hacia el final de la gestión de Oscar Luciani se publicó la lista completa.
La experiencia trunca del portal de gobierno abierto anunciada con bombos y platillos a fines de 2016, no tuvo continuidad durante la propia gestión de Luciani y hoy directamente se encuentra inaccesible.
De mal a peor
La situación del Concejo Deliberante empeora el escenario. El enlace que figura en la portada de la página principal del municipio directamente arroja un error al intentar acceder. Pruébelo usted mismo.
Pero eso no es nada. Una simple búsqueda en Google de «HCD Luján» tiene en los primeros resultados una plataforma de participación ciudadana totalmente obsoleta y la antigua página web del Concejo Deliberante que describe a Nicolás Quarenta como supuesto presidente. Un auténtico viaje en el tiempo.
No es posible acceder a la conformación actual del cuerpo, ni sus bloques o comisiones. Muchísimo menos a los proyectos o actas. Y para completar un panorama donde el acceso a la información pública continúa siendo una carrera de obstáculos, la última ordenanza publicada en el Boletín Oficial local es del 24 de abril de 2018 y la última resolución del Concejo data del 14 de mayo de 2017.
Bajo la actual gestión de Ariel Notta en la presidencia del cuerpo legislativo no aparecen datos actuales. Ni en los últimos seis meses ni en los dos años de la gestión de Fernando Casset al frente del cuerpo se avanzó en materia de transparencia y acceso a la información pública.
La pauta publicitaria oficial no es la excepción
Durante los primeros días de febrero de 2020 la Cooperativa Ladran Sancho, a la que pertenece este medio, presentó un proyecto de ordenanza para regular la pauta oficial municipal y el Concejo Deliberante convalidó el pase del proyecto a las comisiones de Legislación y Economía.
La propuesta presentada pretende dar un marco normativo y generar mecanismos de transparencia para la asignación de parte de los recursos del Estado municipal. Los puntos claves de este proyecto requieren que se explicite el por qué y para qué de la contratación de medios locales para la emisión de publicidad oficial y que los datos sean de acceso público.
La pauta oficial constituye un tema de debate histórico a nivel local y nacional, logrando en múltiples municipios avances concretos en su legislación para evitar su discrecionalidad y la censura indirecta a través de premios y castigos según la línea editorial de cada medio.
En la medida que no existe regulación, la asignación queda supeditada a la negociación de la gestión de turno con los titulares de medios o con periodistas individuales.
En este contexto la gestión actual ofreció contrataciones de publicidad oficial a medios, programas de TV y radio en el marco de la Emergencia Sanitaria, incluido este medio. Los valores se fijaron desde el Ejecutivo con una duración de tres meses y vencido el plazo se renovó por otros tres meses.
En ninguno de los casos se han publicado los criterios para esta asignación. La propuesta de regulación de la pauta publicitaría presentada a principio de año incluye criterios de asignación para situaciones de emergencia como las que estamos viviendo.
Situaciones atípicas como la que vivimos pueden servir para realizar ciertas excepciones en los trámites burocráticos pero es un riesgo grande el que se corre si se lo toma como excusa para postergar la transparencia de la información pública.
Repasando experiencias en la materia de municipios cercanos de variado color político, tamaño y disponibilidad de recursos, como Chivilcoy, Moreno, Mercedes, Navarro o General Rodríguez en evidente que la ausencia de mecanismos de transparencia en la información pública depende de la falta de voluntad política estructural y es independiente del partido de turno.
