Argentina será escenario este jueves de una masiva jornada de protesta multisectorial en rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. La convocatoria, encabezada por la Confederación General del Trabajo (CGT) junto a sindicatos y organizaciones sociales y políticas, confluirá en Plaza de Mayo y se replicará en distintos puntos del país.
Desde la conducción cegetista advirtieron que el proyecto se impulsa sin instancias previas de debate y alertaron por sus consecuencias sociales. «Sin empleo formal y con trabajadores empobrecidos, no hay una patria posible», señalaron desde la central obrera.
Entre los puntos más cuestionados se encuentra la flexibilización de derechos individuales. La iniciativa habilita el fraccionamiento de las vacaciones, reduce garantías sobre el descanso anual y permite que solo una vez cada tres años el período vacacional coincida obligatoriamente con el verano.
También, se incorpora la posibilidad de reducir salario y condiciones laborales ante accidentes o enfermedades, y se modifica el cálculo de indemnizaciones, excluyendo adicionales clave como aguinaldo, vacaciones y comisiones, lo que implicaría una fuerte licuación de las compensaciones por despido.
Otro eje central es la situación de los trabajadores de plataformas. La reforma excluye a repartidores y choferes de apps del régimen laboral, legalizando la ausencia de salario mínimo, aportes jubilatorios, aguinaldo y cobertura por accidentes.
El proyecto también impacta de lleno en la organización sindical. Se priorizan los convenios por empresa sobre los sectoriales, se limita la ultraactividad de los convenios colectivos, se restringe el derecho a huelga en una nómina ampliada de “servicios esenciales” y se condiciona la realización de asambleas en horario laboral. A esto se suma la eliminación de la obligatoriedad patronal de retener la cuota sindical, lo que pone en riesgo el financiamiento gremial.
En ese marco, el secretario general de Luz y Fuerza y triunviro de la CGT Regional Luján, Cachín Rivada, sostuvo que «indudablemente esta reforma es otro ataque a la clase trabajadora» y advirtió que el objetivo central es desplazar a los sindicatos de la negociación colectiva.
«Quieren sacar a los gremios para negociar mano a mano entre el trabajador y la empresa, pero esa negociación es totalmente desigual», afirmó. Y graficó: «Es como poner a negociar a una mosca contra un elefante», agregó.
Rivada también cuestionó el argumento oficial de que la reforma generará empleo. «Ya perdimos casi 150 mil puestos de trabajo registrados y nos dicen que con menos derechos se va a crear empleo. Es otra mentira más:, señaló, y comparó la iniciativa con las políticas de los años noventa: «Esto ya lo vivimos y sabemos cómo termina».
Desde el sector docente, la secretaria general de Suteba Luján e integrante de la CTA de las y los Trabajadores, Fernanda Rodríguez, calificó la iniciativa como «una reforma laboral cruel» y sostuvo que «no es solo de Milei, sino que responde a intereses económicos y políticos mucho más amplios». En ese sentido, remarcó que «vulnera todos los convenios colectivos y expresa la precarización laboral en múltiples formatos».
Rodríguez advirtió además que la reforma se articula con una avanzada sobre el sistema educativo. «Quieren declarar a la educación un servicio esencial y no un derecho social, y limitar el derecho a huelga», señaló.
«La huelga es una herramienta fundamental que fue construida con mucha lucha, y hoy está siendo atacada», agregó, al tiempo que destacó el impacto diferencial sobre mujeres y jóvenes: «La feminización de la pobreza y el pluriempleo de las trabajadoras se profundizan con estas políticas».
Por su parte, Marcelo Medina, referente del MTE y de la UTEP Luján, alertó que la reforma golpea de lleno a la economía popular. «Retrocedemos muchísimo en conquistas históricas», afirmó, y explicó que los despidos y la pérdida de empleo formal empujan a miles de personas a la informalidad. «El que queda afuera de una fábrica termina manejando un Uber, repartiendo con una mochila o vendiendo en la calle«, señaló.
Medina también cuestionó que el proyecto excluya a los trabajadores de la economía popular de cualquier discusión sobre derechos laborales. «No hay salarios, convenios, vacaciones ni aguinaldo para nosotros en esta reforma», indicó, y remarcó que «más del 60% de la población está en la informalidad y el Gobierno no dio ninguna posibilidad de discutir».
El debate parlamentario se da en un contexto de pérdida de 138 mil empleos registrados entre noviembre de 2023 y octubre de 2025. Mientras el Gobierno sostiene que la reforma dinamizará el mercado laboral, desde el movimiento obrero y social advierten que el proyecto profundiza la precarización y la concentración de las ganancias.
