El conflicto por la inestabilidad laboral que sufren las y los profesionales del Servicio de Protección de Derechos de Niños y Adolescentes desató varias polémicas: aprietes de directores para que firmen contratos a la baja, precarización y manejo discrecional de la «caja chica».
En el servicio local de protección y promoción de los derechos del niño se sostiene desde el jueves servicio reducido en reclamo de la renovación del contrato anual con aumento del 21.5% acordado en la paritaria 2017, que el municipio intenta desconocer.
La medida de fuerza que se inició el jueves 22 consta en una reducción de tareas, atendiendo únicamente casos de riesgo. Sin embargo, desde la Dirección de Niñez y Adolescencia «continúan enviando trabajo como si no existiera conflicto y las compañeras rechazan todos los pedidos» manifestaron desde CICOP.
Desde el Ejecutivo, no sólo desconocen el acuerdo paritario alcanzado en 2017 sino que también «se hacen los distraídos» con los aprietes realizados por la directora de Niñez y Adolescencia, Gabriela Manni, contra los trabajadores y con el manejo de una «caja chica», el cual consistía en que el trabajador costeará de su bolsillo gastos operativos. Un manejo completamente ilegal por parte del municipio.
Según los contratos el personal debe garantizar guardias, por las que reciben 4 mil pesos mensuales. La modalidad de la “caja chica” implica que algunos profesionales que en situación de precariedad poco pueden resistirse, no realizan las guardias pero cobran el dinero y se lo entregan a una funcionaria como responsable de administrar esos montos para realizar gastos operativos.
Los montos de esa “caja chica” y los gastos que se afrontan no se rinden en la administración municipal, si bien figuran como honorarios no van al bolsillo de ningún empleado sino a gastos de funcionamiento que administra una funcionaria. La modalidad es propuesta desde las autoridades municipales.
Agustín Musso, director de Recursos Humanos del municipio, reconoció en Radio Ciudad de Luján que el manejo de la caja chica es una «irregularidad», y que no se debe a una falta de presupuesto, sino a una «desprolijidad» que se resuelve rápido.
Esta «desprolijidad», como la caracterizó el funcionario vecinalista, es un poco más compleja que excede al mero mecanismo informal. El municipio con esta práctica naturalizada está produciendo dos situaciones graves.
Por otro lado el funcionario responsable de las condiciones de contratación de empleados municipales sostuvo que la modalidad de contratación no es en negro, no es irregular, lo permite la ley. «No hay precarización laboral en cuanto a la sustentabilidad legal de lo que se firma y de la actividad que ellos realizan», explicó.
Desconocimiento o hábil declarante, el funcionario considera que la contratación de monotributistas o profesionales en servicio de locación es legal y lo permite la ley. De esta forma ignora la Ley marco de regulación de empleo público nacional (Nº25.164), como también así las normativas que fija ANSES y AFIP que regulan cuándo una persona es monotributista o no y cuando corresponde ofrecer un contrato por locación de servicios.
Para el caso de los profesionales del Servicio Social local que están contratados bajo la modalidad de locación de servicios el Estado les estaría infringiendo derechos básicos como la protección social.
Lo establecido por la ley prohíbe este tipo de modalidad cuando el puesto a desempeñar de parte del prestador del servicio es permanente, se encuentra subordinado a la empresa o Estado; es decir recibe órdenes, cumple horarios de trabajo, es sancionado o felicitado, y percibe una contraprestación mensual idéntica en cada mes; las mismas que son características de una relación laboral y no de una prestación de servicio.
En el caso de los monotributistas que facturan al Estado es similar. Los requisitos para que el personal contratado por el Estado esté dentro de la ley establece que estén por tiempo determinado, exclusivamente para servicios u obras de carácter transitorio o estacionales, que no cumplan tareas normales y habituales de la administración pública y que su trabajo no pueda ser cubierto por personal de planta permanente.
El Estado municipal recurre al monotributo y hacen facturar a sus empleados como si se tratase de una auténtica prestación de servicios, con la intención de no reconocer que se trata de una verdadera relación de empleo para no pagar cargas sociales y, en su caso, una indemnización.
Bajo la misma excusa que todos los órganos provinciales y nacionales utilizan, Musso se excusó que «políticas sociales no tiene vacantes para el ingreso de profesionales a la planta permanente del municipio ni para nuevos contratados. Esas vacantes se generan con jubilaciones o renuncia de los empleados del área».
