Al pedido de veto del intendente a la rezonificación expresado por varios sectores se suma un recurso de amparo impulsado por Unidad Ciudadana y Vamos – Patria Grande. Fue presentado en la justicia con las firmas de la oposición.
Se reduce el margen de maniobra de la gestión municipal. A la repercusión en la prensa local se sumaron las críticas en la oposición política y organizaciones sociales; comenzó a movilizarse el ámbito vecinal con reuniones y audiencias con concejales y funcionarios, y finalmente se sumó un recurso de amparo judicial pidiendo la suspensión de la construcción de la termoeléctrica.
En este contexto y luego de una insuficiente respuesta del ejecutivo municipal que solo se ha remitido a publicar un escueto comunicado en nombre del Concejo Deliberante; desde todos los sectores se solicita al intendente Oscar Luciani que vete la ordenanza que habilita la instalación de Araucaria Energy a partir de la rezonificación votada en la última sesión del concejo deliberante. El derecho ambiental, la transparencia en la gestión y la participación ciudadana son las claves argumentativas que recorren todos los reclamos.
En ese mismo sentido se sumó un recurso de amparo que presentó en el juzgado de Mercedes el concejal de Unidad Ciudadana Nicolás Capelli trabajado en conjunto con Vamos – Patria Grande, patrocinado por el Dr. Braian Vega y acompañado por las firmas de concejales de la oposición.
Solicitan al juez que “cesen en forma inmediata las obras de construcción y/o actividad de generación de energía de esa central termoeléctrica, hasta tanto se diseñe un sistema sustentable de generación de energía eléctrica y/o se modifique la localización de la usina termoeléctrica, y se cumpla con la totalidad de la normativa ambiental exigible para la radicación”
Además piden “suspender ensayos de prueba, el indebido uso de las aguas subterráneas y/o aguas de red, desvío de desagües naturales, movimientos de tierra, construcción de calles consolidadas, manejo y/o acopio de combustibles, todo hasta tanto se obtengan válidamente las habilitaciones ambientales y administrativas necesarias para el desarrollo de la actividad denunciada”
En el amparo se enfatiza la necesidad de transparentar la información relacionada a la instalación de la empresa. Los concejales de Unidad Ciudadana informaron sobre “la existencia de cinco expedientes que no fueron girados al Concejo Deliberante, donde deben figurar informes técnicos relacionados a la preservación del ambiente y los riesgos de la planta para la salud”.
En la medida judicial exigen habilitar a la ciudadanía esa información y reclamarán por “la necesidad de participación ciudadana mediante el sistema de audiencias públicas y/o registro de oposición”.
