La Ley 26.160 que plantea el relevamiento de las tierras en disputa entre comunidades indígenas y el Estado o particulares y suspende desalojos vence en noviembre aunque el revelamiento está incompleto. Por eso pueblos originarios, organizaciones sociales y políticas se movilizarán al congreso para exigir la prórroga y cumplimiento de la ley. Agustín Burgos, integrante de la CTEP, contó al aire de Ladran Sancho los detalles del reclamo.
Mañana la Cámara de Senadores de la Nación debatirá la prórroga de la Ley Nacional 26.160 de Emergencia Territorial que vence el 23 de Noviembre de 2017. La misma establece la suspensión de los desalojos a los pueblos y comunidades indígenas, a la vez que ordena su relevamiento para el posterior reconocimiento de sus territorios.
La Ley de Emergencia Territorial, aprobada en noviembre de 2006 y prorrogada en 2009 y 2013, estimó tres años para realizar un relevamiento territorial de los lugares de Argentina en donde están establecidas comunidades indígenas. Durante ese tiempo, quedó prohibido todo tipo de acción legal que tuviera la finalidad de desalojar a los pueblos originarios de las tierras en donde están establecidos.
Según la información proporcionada por el Programa Nacional de Relevamiento Territorial Indígena (RETECI), hay 1532 comunidades identificadas en la actualidad. De ese número, han iniciado el proceso de relevamiento 759 comunidades, es decir, apenas un 49% del total. A su vez, se desgrana que de esas 759, sólo 459 comunidades cuentan con resolución. Esto significa que, en los casos que corresponda, reconoce la ocupación actual, tradicional y pública.
Durante 2017 el Estado ha previsto un relevamiento de 150 comunidades, esto es apenas el 9,79 % del total de comunidades registradas. Lo que deja por fuera a por lo menos 623 comunidades que aun no han atravesado ningún proceso y las 303 que aun no lo han concluido.
En este contexto, diversas organizaciones marcharán al Senado Nacional este miércoles 27 de septiembre cuando se trate la extensión de la Ley de Emergencia Territorial.
Desde la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular suman su apoyo y a través de un comunicado sentaron su posición indicando que «la negativa a prorrogarla pone en serio riesgo a cientos de familias, alienta a la violencia en los territorios por parte de las bandas armadas y a la represión de las fuerzas de seguridad. Mientras que beneficia a los grandes terratenientes nacionales y extranjeros que especulan con nuestros recursos naturales».
Si la Ley no se prorroga, al menos 926 comunidades de las registradas -el 60%- quedarán a la deriva y verán truncada su posibilidad de ver relevado su territorio. «Cerrar esta ley como estaba prevista el 23 de noviembre, va a dejar un montón de conflictos que se van a saldar a favor de los sectores privados, en favor de las bandas armadas, en favor de los grandes empresarios. El ejemplo de esto es el caso de Benetton y del empresario británico Lewis que se apropió del Lago Escondido» explicó Agustín Burgos (CTEP) al aire de Ladran Sancho.
Burgos, agregó que los conflictos como los sucedidos en el Pu Lof de Cushamen «existen porque hay una comunidad que ha vivido históricamente y ancestralmente en esa tierra y un privado, en este caso, los multimillonarios de Benetton que quieren apropiarse de la tierra. La ley lo que establece es una suerte de censo en la tierra que habitan las comunidades originarias y que a través de ese censo se pueda tramitar el derecho de propiedad».
La movilización se realizará mañana desde 9 de julio y Av. De Mayo a las 11 hs hasta el Congreso Nacional. Además se desarrollará una vigilia, mientras se realiza la sesión, con un festival de artistas populares desde las 13 hs.
