La familia Montiel y su representante legal presentaron por tercera vez en los tribunales de Mercedes el pedido de prisión domiciliaria para Nancy. La solicitud está enmarcada en la Ley Nº24.660, normativa que regula las penas privativas de la libertad, debido a que la mujer era la principal responsable del cuidado de su hija adolescente, que convive con una situación de salud compleja derivada de la discapacidad.
Esta vez, a diferencia de los pedidos anteriores, el presidente del Tribunal, Eduardo Losada, se comprometió a viajar al Penal para conocer a Nancy Montiel y deberá expedir su fallo en los próximos 15 días. La familia, sus amistades, compañeras y compañeros de militancia en el Barrio Raffo, organizaciones feministas y organismos de Derechos Humanos le piden que pueda esperar el juicio en su casa. Además, recalcan que «Nancy está presa por denunciar un abuso sexual».
En septiembre del 2020, Nancy fue detenida de forma irregular por la Dirección Distrital de Investigaciones (DDI) en su casa en el Barrio Raffo. Los oficiales que la trasladaron a la comisaría le dijeron que la denuncia que ella había realizado, a raíz de que dos varones abusaran sexualmente de su hijo adolescente, había avanzado.
Allí tuvo detenida durante 12 horas otro de sus hijos y le informaron que estaba acusada de homicidio por un llamado anónimo. El muerto era uno de los hombres a los que había denunciado. Luego pasó cinco meses incomunicada en una Comisaría de Mujeres de Ituzaingó. Tiempo después pudo decir que la amenazaron para que confiese el crimen.
El crimen de José Palavecino trascendió en medios nacionales amarillistas como «El crimen de Raffo». Desde los titulares y sin pruebas condenaron a Nancy, presuponiendo su culpabilidad. Mientras tanto, Claudio Montiel, otro de los abusadores que se encontraba detenido también desde septiembre, fue liberado el 9 de abril de 2021, luego de que su defensa alegara un trastorno esquizofrénico que le impidió estar consciente al momento del abuso, y fue declarado inimputable.
La comisión, además, denuncia públicamente la corresponsabilidad de las fiscales Rodríguez y Urrutia, de las Fiscalías N°9 y N°10, donde se investigó el abuso y la desaparición de Palavecino, «que actuaron en evidente complicidad para encubrir la inacción judicial y así correr de eje este aberrante ataque sexual perpetrado por Claudio Montiel y José María Palavecino».
