Pasaron dos meses del plazo fijado originalmente desde el municipio para la entrega de los lotes con servicios desarrollados en el barrio Los Laureles y en la localidad de Torres, y ante la falta de información oficial, las familias que salieron sorteadas pidieron una audiencia al intendente Boto.
«Queremos manifestar nuestra preocupación ante la falta de comunicación tras dos meses de vencido los plazos presentados originalmente para la entrega de los lotes» remarcaron en una nota entregada en el municipio durante la mañana de este martes.
El parate en la obra pública nacional afectó la obra, aunque el intendente remarcó en varias oportunidades que su compromiso es el de finalizarla y entregar los terrenos a quienes salieron sorteados durante los meses de junio, julio y agosto del año pasado.
Además de la suspensión de los trabajos para la generación de 850 lotes con servicios, el proyecto sufrió una importante operación mediática que buscó cuestionar los recursos de la Secretaría de Integración Sociourbana (SISU). La maniobra incluyó denuncias infundadas que no prosperaron como paso previo a que el ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, vaciara las cuentas con los recursos destinados a la generación de lotes y obras de mejoramiento en barrios populares.
Pocos días después de la operación de prensa, el intendente Boto se reunió con las nuevas autoridades de la SISU y anunció, escuetamente y por redes sociales, “el compromiso de que van a continuar la obra”. Sin embargo, un mes después, las familias no cuentan con información fiable y por eso pidieron una reunión con el jefe comunal.
«La mayoría de nosotros somos inquilinos o nos encontramos compartiendo vivienda con nuestros familiares, la situación es de urgencia, sobre todo teniendo en cuenta que muchos de nosotros planificamos nuestras vidas a partir de la posibilidad concreta de contar con un terreno desde el mes de enero o febrero» le transmitieron en la carta que entregaron.
Por último, y a la espera de una confirmación, las y los vecinos plantearon la necesidad de una «comunicación con la totalidad de los beneficiarios sea más fluida y que se tomen acciones concretas en pos de la solución de este problema».
