Sin permiso para construirla ni autorizaciones para ponerla en funcionamiento, ahora la empresa se negó a las inspecciones que solicitó la Justicia en la Central. En el marco de la causa penal contra Luciani, el fiscal Bidone envió agentes del Departamento de Investigación de Delitos Ambientales pero les prohibieron la entrada. Por otro lado el bloque de concejales peronista amplió la denuncia.
La causa penal contra Oscar Luciani y dos de sus funcionarios -Marcelo Gutiérrez y Carlos Patetta- mantiene una actividad constante a partir de los pedidos que realizó el fiscal Juan Ignacio Bidone con el objetivo de investigar la denuncia de «incumpliento de los deberes de funcionario público» que pesa sobre el intendente. Aunque no todos quieren cooperar. El 4 de junio se intentó llevar adelante una pericia en la central termoeléctrica pero, según reflejan los agentes de la Policía Ecológica, Araucaria Energy les prohibió la entrada.
La termoeléctrica, construida e instalada en forma ilegal, sumó una nueva rebeldía, en este caso ante la visita de los enviados por el Poder Judicial. Sin tener la rezonificación, «sin planos aprobados» -como lo dijera oficialmente el gobierno local- y violando la ordenanza de tercera categoría, Araucaria Energy ocupa el predio con una finalidad no permitida pero mucho no parece importarle.
Los funcionarios bonaerenses relataron que Gabriel Colombi, quien en las últimas sesiones del Concejo Deliberante se presentó como encargado de una empresa contratista que trabaja en la termoeléctrica y en Pilar se lo relaciona con APR Energy (firma de Araucaria), les negó el ingreso para la inspección. Tras la negativa, los agentes intentaron realizar una nueva pericia desde los barrios cercanos, pero también chocaron con imposibilidades , en este caso impuestas por la autoridad del Barrio Santa Irene, Fernando De Nevares, presidente del lugar.
La intención de la visita al radio que rodea la central era saber cuáles eran los efectos que se observan desde los barrios cercanos, respecto al ruido y olores, como también realizar algunas preguntas que aporten nuevos elementos probatorios a la causa que tiene como denunciantes a concejales y concejalas peronistas (Capelli, Siror, Prince, Pereyra y Krauth). Prohibida entonces la entrada a la termoeléctrica, el segundo lugar fue Santa Irene debido a que el Club de Chacras es el que se encuentra más cercano al colegio privado New Zealand Pacific.
La Policía Ecológica finalmente llevó adelante pericias desde afuera de la planta y, por otro lado, elaboró un informe para el que utilizó documentación que se encuentra publicada por la empresa en portales de internet, como también de «recortes de noticias». En dicho texto que se entregó a la Fiscalía de Delitos Complejos, los agentes establecen -con inexactitudes- diferentes fechas que tienen que ver con la rezonificación y las votaciones que se sucedieron en los meses siguientes.
«Incidencia importante en el ambiente, efecto invernadero, emisión de dióxido de carbono, dióxido de azufre y hollines ácidos, emisión de gases de efecto invernadero y, en algunos casos, lluvias ácidas», son otros de los conceptos emitidos por la autoridad provincial en el documento.
Denuncia ampliada: hecho consumado, industria ilegal, clandestina y efectivamente funcionando
«Decimos una vez más: estamos ante un hecho consumado, con una industria ilegal, clandestina y efectivamente funcionando como consecuencia del comportamiento ilícito de Luciani, Gutiérrez y Patetta, como sujetos activos de delitos ya están cometidos y de efectos actuales y permanentes, como ya ha sido planteado», plantearon los concejales denunciantes en la ampliación de la denuncia.
Los nuevos aportes a la denuncia penal constan de imágenes en video en soporte digital, denominado DVD, en las que se aprecian importantes movimientos de suelo, despliegue de maquinarias, ingreso de equipamiento (en apariencia grandes turbinas), distintos vehículos, intensa actividad de personal y empresas contratistas, además de circunstancias como explosiones, ruidos diversos, columnas de humo, vibraciones, todas estas circunstancias acaecidas en las últimas semanas, complementadas y respaldadas por comentarios de vecinos que se ofrecen nuevamente como testigos.
A partir de allí los concejales emitieron dos conclusiones. «Primera, las obras nunca se paralizaron. Es falso que sólo se efectuaban tareas de mantenimiento. Lo dicen los vecinos. Lo reconocen Araucaria y la proveedora de gas (Transportadora de Gas del Norte S.A.), en nota a la comunidad educativa del Colegio New Zealand School. Todos estos hechos y pruebas ratifican palmariamente que se han desarrollado actividades y, de modo concreto, efectivo y realista, han avanzado al punto que manifiestan que han comenzado a funcionar con ensayos, puesta a punto, sincronización, etc. Es decir, ha habido tareas y actividades que fueron mucho más allá de un mero mantenimiento. A mayor abundamiento todo esto está certificado por una inspección del OPDS, infracción mediante. Informe y actas de inspección integrado en actuaciones del Defensor del Pueblo».
Como complemento y respecto al decreto de paralización, señalaron que «en la operativización del decreto se contrabandeó, se traficó el concepto, y por lo tanto su propio contenido y finalidad. Observar que en las notas dirigidas a las Universidades Nacionales de Buenos Aires (Facultad de Ingeniería), de La Plata (Facultad de Ingeniería), Tecnológica (Facultad Regional Delta), y de Luján, se solicita, y así se respondió que ‘genere opinión respecto a propuestas mitigadoras surgidas del estudio de impacto ambiental’ contratado por la propia Araucaria. Más de lo mismo».
Ya en la conclusión final explicaron: «Nunca se recibieron estudios de impacto ambiental algunos efectuados por universidades nacionales. Ya lo advertía la UNLu en su respuesta negativa a involucrarse en esta metodología».
Para finalizar, se refirieron al «estado de derecho»: «Sin exagerar, podemos afirmar que enfrentamos una constante violación, prepotencia y falta de respeto, con conducta claramente dolosa. No se puede presumir la ignorancia del derecho, e inclusive de los hechos, de la misma realidad, y fundamentalmente en el estado y entre sus funcionarios, como asimismo entre los empresarios en este nivel de inversión). Es lo que se ha acuñado como “si pasa, pasa”.
