La comunidad farmacéutica impidió la llegada de la cadena comercial que impulsa Mario Quintana, entre otros funcionarios del gobierno de Macri. El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Luján repasó las buenas de ésta medida y reflexionó sobre el rol de las farmacias y el Estado.
La empresa que está vinculada al vicejefe de gabinete Mario Quintana, mano derecha de Mauricio Macri, busca desembarcar en la Provincia de Buenos Aires. Con una manito del poder judicial, la Procuración General de la Nación favoreció la instalación de la cadena de farmacias al sentenciar de manera no vinculante, que uno de los artículos de la Ley de Farmacias que rige en la provincia de Buenos Aires desde hace más de tres décadas es inconstitucional.
Quintana compone la línea de tres intocables para el presidente Mauricio Macri. Junto a Marcos Peña y Gustavo Lopetegui es uno de los CEOs emblemáticos en la mesa chica del Gobierno Nacional desde donde intervienen en asuntos de política económica.
El mimado funcionario posee acciones en más de 20 empresas: Banco Santander, Petrobras Argentina, Siderar, Tenaris, Grupo Galicia, Transportadora de Gas del Sur, Banco Macro, Pampa Energía (dueña de Edenor), YPF, Gupo Clarin, Partner I S.A y el fondo de inversión Pegasus.
Además, Mario Quintana es el fundador y accionista de Farmacity, la firma que desembarca en la provincia de Buenos Aires pero que en Luján, encontró su freno.
En Partner I SA controlante de Farmacity, es titular de 240.840 acciones ordinarias nominativas ‘clase A’, que representan el 53% de los votos. Según la última declaración jurada de Quintana, tiene activos por $8 millones en firma controlante de la cadena de «farmashoppings».
El fiscal Ramiro González imputó al funcionario nacional quien como accionista de la empresa Farmacity está acusado de favorecer a la compañía como proveedora del PAMI. La obra social de jubilados y pensionados propuso que Farmacity ingrese como prestador pleno y en igualdad de condiciones que el resto de las farmacias de todo el país en el nuevo convenio con la industria. Con el ingreso de Farmacity como prestador de PAMI, Quintana embolsó 15 millones por mes al bajarle la bonificación a Farmacity del 26 al 15 por ciento.
El CEO también está acusado por el fiscal que investiga la causa por la «presunta adulteración de documentación en la que habría incurrido Quintana a los fines de la habilitación de farmacias», como así también la «supuestas influencias en la Corte Suprema para controvertir el rechazo a la presunta violación de la ley que rige la profesión farmacéutica».
Con la disputa en manos de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires y el rechazo de la oposición en diputados, los municipios comenzaron a apurar normativas que prohíban la instalación de la cadena en sus propios territorios.
En la última sesión, el Concejo Deliberante de Luján aprobó una ordenanza que prohíbe la instalación de cadenas de farmacias en el partido. A través de la normativa se establece la prohibición para el otorgamiento de Habilitaciones Comerciales y Usos Conformes a todo comercio multirubros con venta de medicamentos, o de cualquier rubro en particular que anexe la venta de medicamentos.
Hernán Segura, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Luján, motorizó la legislación que prohíbe la instalación de cadenas de farmacias en Luján. Tras la aprobación de la normativa habló con Ladran Sancho sobre el rol social que debe tener el sistema de salud y rechazó la mercantilización del acceso a los medicamentos.
– ¿Qué riesgos se evita Luján con la instalación de cadenas como Farmacity?
– Nosotros defendemos la Ley 10606 que regula la actividad farmacéutica y distribuye racionalmente las farmacias en la Provincia de Buenos Aires. Esto permite un acceso al medicamento de las poblaciones más necesitadas porque si el medicamento se entiende de forma comercial, las farmacias se instalarán en los centros urbanos y los lugares en donde hay mayor poder adquisitivo. La ley actual hace que las poblaciones más necesitadas tengan una farmacia cerca.
El articulo 14 que es cuestionado por Farmacity establece que haya un farmacéutico designado en cada farmacia. Sin ese articulo, lo que pasaría en estas cadenas es que el farmacéutico se subordine a lo que la cadena necesite vender. Ellos promueven el autoconsumo, la automedicación y esto trae mucho daño para la salud.
– Hablas de no mercantilizar el acceso a los medicamentos, pero existe una falencia en el acceso hoy en día.
– Con la instalación de estas cadenas se mercantiliza ese acceso. Ya ocurrió en Chile y en Perú, las grandes cadenas se quedaron con el acceso al producto, desde la compra del medicamento al laboratorio y la venta al público. Cuando estas empresas se instalan, lo hacen tímidamente y diciendo que van a bajar los precios. Y eso no sucede, en Capital Farmacity no vende más barato que otras farmacias. El precio no los fijan las farmacias, sino el Estado. Cuando ellos fijan posición en el mercado, destruyendo a otras farmacias de alrededores, comienzan a levantar el precio del medicamento.
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El medicamento es un bien social que tiene que ser regulado por el Estado, porque no es un bien que se puede prescindir o reemplazar. Si tenes una patología tenes que tomar el medicamento hoy, porque si no lo tomas corre riesgo tu vida. Por eso el Estado tiene que estar presente en esto, regularlo, no puede dejarlo al libre albedrío de una cadena comercial. Particularmente en este caso hay un conflicto de intereses. El vicejefe de gabinete tiene acciones en la empresa, que primero ocultó y luego dijo que las iba a vender y nos enteramos que aún es el propietario del 53% de la empresa.
– ¿Hay presiones de parte de funcionarios para lograr que se instale Farmacity?
– En Luján no recibimos presión, esto es algo nacional. Mario Quintana perdió un juicio para instalar una farmacia en Pilar y le hizo una demanda a la Provincia. Hoy queda en manos de la Corte Suprema de Justicia y hay dos jueces que en esa causa fueron abogados de Farmacity. Esos jueces fueron designados a dedo, fueron pedidos por el presidente Macri, hay una fuerte injerencia de él. La Corte tomó esta demanda con celeridad al día siguiente que Quintana lo presentó.
La gobernadora Provincial no se expresó en cuanto a esto. Le pedimos más de 70 veces que lo haga y no lo hizo. No nos dio ni una audiencia para escucharnos y poder preguntarle que opina. El juicio es contra su provincia y no se expresa en lo más mínimo. Le pedimos que fije una posición a favor del modelo sanitario o del modelo comercial.
– ¿Por qué crees que si es de interés de Quintana, en Luján Cambiemos rechazó la instalación de Farmacity?
– A pesar de las presiones que supongo que los políticos de Cambiemos tienen en los distritos, primó la razón a las presiones que han tenido. No te olvides que Cambiemos esta compuesto por la Unión Cívica Radical y la Ley 10606 fue sancionada por el gobernadora radical Armendáriz en el año 87. Osea que sería ir contra sus principios también, eso favoreció a que prime la cordura y no la obediencia hacia un jefe, que sería Quintana.
La salud, entre la función social y la mercancía
Durante los gobiernos de Juan Domingo Perón, el primer Ministro de Salud, Ramón Carrillo, implemento un sistema de salud no mercantil, donde se impuso la sensatez sanitaria y el acceso universal. Pero como el mismo Carrillo sostuvo, una política de salud existe cuando al mismo tiempo existe una política social y económica estructurada y en sintonía.
En aquellos tiempos, el problema de la salud fue considerada una materia de Estado. La medicina científica fue acompañada de una medicina social y con ello una política social. El mismo Estado se hizo responsable de la salud de la sociedad en su conjunto.
A fines del Siglo XX el capitalismo vio en la salud un nuevo mercado en donde poder hacer negocios. Con ello por supuesto, se diseñó una política económica y social que buscó la mercantilización de las políticas de salud. Con la llegada del neoliberalismo esas políticas se profundizaron cada vez más para privilegiar el negocio y el lucro sobre el derecho a la salud.
El gobierno actual impulsa un modelo sanitario de «Cobertura Universal de Salud» y con la promoción de farmacias shoppings como Farmacity en la Provincia de Buenos Aires busca instalar a la Salud dentro del mercado y mercantilizar su acceso. Quién puede pagarlo tiene salud y quién no, queda excluido y sin protección.
En este modelo que mercantiliza la salud los beneficiarios son los viejos conocidos: laboratorios, prepagas y las farmacias shoppings. Y donde ganan pocos, pierden muchos y el resultado ya es conocido.
