Un 27 de septiembre de 2019, la empresa Sigma Agro explotó y ardió tras el derrame de un millón de litros de agrotóxicos, a 5 kilómetros de Mercedes. La localidad fue epicentro del desastre ambiental y social.
Más de 1 millón de litros de glifosato, paraquat y atrazina, entre otros químicos, contaminaron el aire, el suelo y el agua. La tragedia se cobró la vida del obrero Rubén Ponce, de 42 años, quien murió casi una semana después producto de las quemaduras y la exposición química.
A 5 años de esa tragedia, la Asamblea Mercedina por la Agroecología emitió un comunicado donde exige que la justicia sentencie a los culpables y no archive la causa.
«Durante los procesos judiciales llevados adelante por la Organización de Ambientalistas Autoconvocados, quedaron demostradas las numerosas irregularidades e incumplimientos por parte de la empresa, el municipio de Mercedes y los organismos provinciales de control, resultando innegable su responsabilidad en el siniestro y su accionar negligente ante sus gravísimas consecuencias», sostuvieron desde la asamblea mercedina.
En ese sentido, expresaron que «a pesar de las abrumadoras evidencias sobre la gravedad del siniestro y las responsabilidades de directivos de la empresa y funcionarios públicos, el fiscal Carcagno demoró más de tres años en imputar penalmente a Jerónimo Muller y Gustavo Marcelo Ruffa (Presidente y Apoderado de Sigma Agro, respectivamente)».
Sin embargo, menos de un año después, el fiscal archivó la causa, dejando en evidencia su intención de clausurar la investigación penal. Tras esa decisión, la Justicia Civil también rechazó la demanda ambiental presentada.
En marzo de 2023, la jueza Cintia Soto declaró abstracta la causa, ignorando las abrumadoras evidencias de contaminación. La magistrada consideró que el daño era «meramente hipotético», beneficiando así a la empresa y cerrando la puerta a la recomposición ambiental.
Ante la decisión del fiscal Luis Emilio Carcagno de disponer el archivo de la investigación penal vinculada al gravísimo siniestro tóxico ocurrido en septiembre de 2019, el 28 de febrero de este año organizaciones vecinales presentaron un pedido de nulidad contra dicha decisión.
Por último, señalaron que a pesar de las consecuencias ambientales, Sigma Agro ha quintuplicado su facturación desde 2017, pasando de 12 millones de dólares a 128 millones en importaciones para 2022. «La única sanción económica que han recibido fue una multa de 70 mil dólares, apenas una fracción ínfima de sus ganancias», señalaron.
