El Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT, creado por la Defensoría LGBT, en articulación con la Federación Argentina LGBT (FALGBT) y la Defensoría del Pueblo de la Nación, publicó el último informe de crímenes motivados por discriminación por orientación sexual, expresión e identidad de género. Durante el 2020 se perpetraron 152 crímenes de odio LGBTIQ+ y 100 muertes de personas de la comunidad trans.
En los últimos días, además, se conocieron otros dos informes que documentaron violencias en Argentina durante el último año elaborados por la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina y por la agrupación La Rosa Naranja. Todos coinciden en señalar que la pandemia agravó aún más la situación de vulnerabilidad de las personas trans.
De la totalidad de crímenes de odio registrados, el 57% fueron asesinatos, suicidios y muertes por ausencia y/o abandono estatal histórico y estructural; y el 43% a lesiones al derecho a la integridad física, es decir, violencia física que no terminó en muerte.
El detalle indica que 14 fueron los asesinatos perpetrados hacia la diversidad sexual: 10 dirigidos a mujeres trans y 4 a varones gay cis; 5 suicidios (4 de mujeres trans y 1 de un varón trans) y 67 muertes por abandono y/o ausencia estatal histórica y estructual, todas ellas de mujeres trans.
Este último número, el de las muertes de personas trans y travestis por ausencia estatal, también es conocido como travesticidio social, provocados por la falta de acceso a la salud, la educación y el trabajo que sufre el colectivo históricamente y cuya reparación pretenden las legislaciones construidas por la militancia LGBTIQ+ en los últimos años, entre las que se encuentra el cupo laboral trans.
En la esfera del poder ejecutivo, el Decreto 721/2020 firmado por Alberto Fernández, establece el cupo de 1% de personal travesti-trans. Para estas incorporaciones, el gobierno habilitó un Registro de Anotación Voluntaria de Personas Travestis, Transexuales y Transgénero aspirantes a ingresar al sector público nacional.
En el plano local, el sector No Docente de la Universidad Nacional de Luján también abrió un registro de aspirantes para la cobertura de futuros cargos vacantes, tras la aprobación unánime de la resolución Nº205/2020 en el Consejo Superior, que también establece un cupo mínimo del 1%.
Por el mismo camino debe avanzar el Estado Municipal, luego de adherir a la Ley Provincial Diana Sacayán en 2019 y del proyecto de comunicación construido por diversos sectores de la militancia LGBTIQ+ y organizaciones feministas, y votado favorablemente por el Concejo Deliberante en 2020, que propone su aplicación a cargo de la Dirección de Géneros y Diversidad y la Dirección de Recursos Humanos.
Presentamos el Registro de Anotación Voluntaria de personas travestis, transexuales y/o transgénero aspirantes a ingresar a trabajar en el Sector Público Nacional.🏳️🌈
Hoy dimos un paso más en la construcción de una Argentina justa e igualitaria para todas, todes y todos.🙌 pic.twitter.com/yYLb8YHx9R
— Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (@MinGenerosAR) January 27, 2021
“El registro es un paso para cumplir con el 1%”, explicó Mariana Sierra, titular del área de géneros, consultada sobre las políticas implementadas en el Partido para abordar y revertir la situación de vulnerabilidad de mujeres trans y travestis. “Después viene todo este otro trabajo que es la inclusión en el sector privado», agregó.
Para esto, Sierra expresó que sumaron a otros actores municipales, como el área de Producción, que “tendrá un rol fundamental en el vínculo con el sector privado”. Además, aseguró que hay una intención concreta de fortalecer la inclusión de la población trans en las capacitaciones de oficio brindadas por dicha área.
La funcionaria también sumó que la tarea de la Dirección de Géneros en ese ámbito será el de acompañar procesos de inclusión y asesorar a las áreas municipales que lo soliciten. “Lo que se busca es que sea un proceso con acompañamiento porque la idea es que nadie siga atravesando situaciones de vulneración de derechos en el marco de su trabajo”.
El cupo es el primero de los tres ejes de trabajo que describió Sierra. Por otro lado, también desarrolló sobre el Programa Generar, en el que trabajan actualmente, y que está destinado a “fortalecer un eje de trabajo en las áreas locales de género” a través del cual capacitarán a personal de Salud, de Desarrollo Humano y Promotoras Comunitarias, “como un puntapié a un tercer eje de política”, que es la construcción de un espacio de salud integral para la población LGBTIQ+ en el CIC San Fermín.
Noelia Alteño, militante de la Asamblea Disidente y referente regional de la comunidad trans, profundizó sobre la situación de la población. “La realidad en general es preocupante”, explicó. “Vivimos sin derechos, las leyes que existen no se implementan, y sobrevivimos con el miedo constante de que nos golpeen o nos maten por animarnos, diría por ser valiente, a vivir nuestra identidad”.
También hizo hincapié en que las capacitaciones son fundamentales, así como la difusión de información en distintas instituciones del Estado. Además, resaltó la dificultad de las mujeres trans para acceder a la educación: “Me gustaría que una compañera que diga que quiere terminar sus estudios no tenga que estar buscando una institución dónde se respete su identidad, como me pasó a mí”.
Además, Noelia subrayó la problemática del travesticidio social, muertes y suicidios provocados por la ausencia del Estado y la exclusión histórica y estructural. “Somos pocas las que tenemos la suerte de que nuestra familia nos hable, las que podemos contar con amigos u organizaciones sociales. Cuesta aguantar la discriminación para quienes tenemos esa suerte… imagínense para quién está sola”.
