Este lunes el Concejo Deliberante aprobó un proyecto de ordenanza presentado por el concejal César Siror del interbloque oficialista, que busca «regular el mecanismo de Acceso a la Información Pública». La propuesta se basa en un proyecto que Boto había presentado siendo concejal.
En la actualidad, el Boletín Oficial en la página web del municipio exhibe algunos decretos y ordenanzas hasta fines de abril, en adelante no se han cargado documentos. La plataforma Datos Abiertos no registra actividad y la página web del Concejo Deliberante está totalmente fuera de uso.
En ese marco, Siror explicó que tomó como referencia para la redacción de la norma un proyecto que fue del actual intendente cuando ocupó una banca como concejal junto a Nicolas Capelli, actual secretario de Culturas y Turismo.
A la hora de votar la propuesta hicieron gala republicana desde la oposición. «Todo expediente trata de un interés público, un interés de la comunidad, y como tal no hay porqué resguardarla», consideró Casset.
El radical no gambeteó lo que incumbe a la anterior gestión de la que formó parte. «Lo digo a pesar de haber participado de una sociedad política a la que le ha costado el tema de la información», dijo Casset, reconociendo, a su modo, los ocho años de falta de transparencia en la gestión Cambiemos.
«Hace dos o tres semanas que tenemos limitado el acceso a la información que está en el Rafam (Sistema Interno Administrativo del Municipio) y yo sé del esfuerzo que están haciendo algunos concejales del oficialismo», tiró el guiño Casset.
En ese sentido, Siror devolvió el gesto a Casset recordando «las atrocidades» de Cambiemos en el manejo de la información pública y repasó expedientes polémicos como el arenero de la calle Las Heras o el de la Termoeléctrica. «No solamente la comunidad no tenía acceso sino los propios concejales del oficialismo», recordó.
Tras el repaso sobre las políticas de transparencia de los últimos años, Siror consideró que «no hay forma que el Frente de Todos no se ponga al frente de esto».
La ordenanza establece que toda persona puede requerir información y que desde el Ejecutivo debieran contestar en un plazo de 15 días con opción a una prórroga por otros 15 días en casos excepcionales. Por último, la norma exige que se designe la autoridad competente para dar respuesta a quienes soliciten información pública.
Foto archivo: Victoria Nordenstahl.
