La empresa Sigma Agro, vinculada al incendio y derrame de agrotóxicos que dejó un muerto y un daño ambiental irreversible en la localidad de La Verde, en Mercedes, en 2019, intenta obtener su Certificado de Aptitud Ambiental (CAA) para operar como industria de Categoría 3 (la de mayor riesgo), en el polo industrial Cina Cina de General Rodríguez.
Lo hace a través de Conosur Americana S.R.L., una firma con trayectoria en el distrito desde 1972, dedicada históricamente a productos de limpieza (domisanitarios). Sin embargo, la realidad interna ha cambiado: hoy, dos tercios de sus empleados trabajan directamente para Sigma y la planta ha sido absorbida operativamente por el gigante de los fitosanitarios, para evadir la opinión pública tras sus antecedentes judiciales.
El temor de la comunidad no es infundado: El 27 de septiembre de 2019, la planta de Sigma en Mercedes —que operaba de forma clandestina— explotó, provocando la muerte del trabajador Rubén Ponce y el derrame de más de un millón de litros de agrotóxicos que contaminaron aire, suelo y napas.
Pese a que directivos como Gustavo Ruffa fueron imputados, la empresa ha seguido expandiéndose bajo nuevas figuras legales, como el Grupo Arcas, y a nombre de familiares para eludir la responsabilidad penal. En General Rodríguez, las asambleas vecinales ya advirtieron que estas firmas «vienen escapando de otras ciudades luego de arruinar el ambiente».
La ubicación de la planta, en la calle Río Primero 175, agrava la preocupación. El predio se encuentra a solo 100 metros de la firma avícola Alibué S.A. y rodeado de otras químicas inflamables, como Iriscord y Eplifri. Según los datos recabados, el riesgo se potencia por dos factores críticos: la falta de infraestructura, ya que se reporta que el predio de Conosur carece de una red de incendios adecuada para el manejo de químicos de alta peligrosidad, mientras que la planta moviliza entre 25 y 40 camiones diarios cargados de agrotóxicos.
Cabe recordar que, en febrero de 2023, un camión vinculado a esta firma volcó en Ituzaingó, derramando 24.000 litros de Cletodim y generando una nube tóxica que afectó a toda la región.
Aunque en 2021 los directivos intentaron negar el desembarco de Sigma en el distrito, en abril de 2022 el municipio clausuró la base de operaciones de Conosur por falta de documentación y la carencia del Certificado de Aptitud Ambiental. A pesar de aquel freno legal, la empresa ha continuado su actividad de manera solapada.
Las asambleas ambientales de General Rodríguez también remarcan el proceso de participación ciudadana, para otorgar el permiso ambiental, coordinado por el Ministerio de Ambiente provincial. Durante los 10 días que duró la consulta pública, la página web oficial presentó fallas constantes, permitiendo la participación ciudadana únicamente en los últimos tres días.
Además, se denunció que la plataforma exigía una foto del DNI para dejar comentarios, lo que desalentó la participación. Aun así, se registraron 16 rechazos, que alertan sobre el peligro de producir y transportar químicos peligrosos en una zona urbana.
