El pasado viernes, Rita Sallaberry ingresó un proyecto de Ley a la Cámara de Diputados de la Provincia para que las personas que hayan sido condenados en segunda instancia no puedan ejercer cargos públicos.
El proyecto de la lujanense solamente establece un límite para los condenados por delitos tales como fraude en perjuicio de la Administración Pública, cohecho y tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito de funcionarios.
La medida no solo afectaría a los cargos electivos a nivel provincial, sino a toda persona que se «desempeñen en la función pública en los organismos y entidades públicas que operen en la provincia de Buenos Aires, incluyendo al gobierno provincial, municipal, empresas estatales y entidades descentralizadas».
De esta manera, la iniciativa propone incorpora el inciso C del artículo 30 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, para inhabilitar las candidaturas de quienes hayan sido condenados en segunda instancia.
Además, la iniciativa plantea que los partidos políticos deberán exigir a todos los candidatos la presentación del certificado de antecedentes penales. La omisión de este requisito podría derivar en la exclusión de la lista del proceso electoral, ya que sería considerada “incompleta”.
En caso de aprobarse, la ley establece que se aplicará únicamente en los casos en que la condena impuesta hubiera sido confirmada en segunda instancia, dictada antes del 31 de diciembre del año anterior al proceso electoral, en la que se hubiera confirmado la comisión de al menos uno de los delitos establecidos en la sentencia de primera instancia, aunque modifique la pena impuesta.
En caso de una condena confirmada en segunda instancia dictada con posterioridad al 1º de enero del año en que se llevaren a cabo las elecciones, el supuesto tendrá efecto a partir de la finalización de dicho proceso electoral.
