La Agencia Nacional de Discapacidad dará de baja las pensiones otorgadas a niños y niñas. ¿El «argumento»? “No tienen incapacidad laboral”, ¿quieren que trabajen los niños y niñas?. En Luján la medida puede tener gran impacto.
Un informe del portal Nuestras Voces revela que desde la Agencia Nacional de Discapacidad (CONADIS) se prevé quitar las pensiones por discapacidad a los niños y niñas y se endurecen los requisitos para personas con síndrome de Down, HIV, Parkinson y EPOC, entre otras.
En Luján, sin datos oficiales, el último registro obtenido indica que existen tres mil personas que reciben el derecho de la pensión por discapacidad. Aproximadamente un 20% de esas pensiones son destinadas a niños y niñas de nuestra ciudad con algún tipo de discapacidad.
A través de un escrito sin firmar, el 25 de enero de este año, los directivos de CONADIS comunicaron a sus trabajadores que las liquidaciones a los menores deberán separarse, dar de baja el lote y transferirlos para que los doctores analicen nuevamente cada caso. De esta forma al menos veinte mil pensiones, que ya habían sido aprobadas e iban a ser otorgadas en estos meses, volverán a ser revisadas bajo estos nuevos criterios.
Como lo muestra la circular girada por la CONADIS, se endurecen los requisitos para las personas con síndrome de Down: deberán presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD), con porcentaje en el Certificado Médico Oficial (CMO) acompañado de la firma de un neurólogo, psiquiatra, o legista.
Aquellas personas con enfermedades como HIV o cáncer también vuelven a auditoría médica con la posibilidad de dejar de ser sujetos de este derecho a no ser que tengan comprometido algún órgano blando, en otras palabras, que estén con riesgo de muerte.
Con respecto a las pensiones que reciben los niños y niñas de hasta 18 años sostienen que “momentáneamente quedarán a la espera de nuevas definiciones”, pero mientras tanto a los menores que ya iniciaron el trámite no se les otorgarán más pensiones. El argumento que sostienen desde la Agencia de Discapacidad es que “no tienen incapacidad laboral”.
Actualmente en auditoría médica hay casos que tienen más de un año de demora en plazos normales. Para revisar tramite por trámite sólo hay cinco médicos en todo el país. Esos cinco médicos van a volver a revisar trámites que ya habían aprobado pero ahora deberán observarlos bajo estos nuevos criterios.
De esta forma, el otorgamiento de nuevas pensiones se podría llegar a retrasar entre 2 y 3 años, siempre y cuando cumplan con estos nuevos requisitos.
El año pasado, el gobierno buscó ajustar las pensiones a través del Ministerio de Desarrollo Social que conduce Carolina Stanley. En esa ocasión intentaron privar a 170 mil personas de estas prestaciones, aunque la Sala II de la Cámara Nacional de Seguridad Social obligó al Gobierno a restablecer ese beneficio en noviembre de 2017 por considerar que su quita “vulneraba derechos a la vida autónoma, la salud, la vivienda, la educación y la dignidad inherente a la persona humana”.
