El Gobierno nacional continúa con su política de ajuste y desmantelamiento del Estado, dejando a miles de trabajadores en la calle y cerrando programas esenciales.
A principios de marzo, otra tanda de despidos golpeó a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de Nación (SENAF), dejando sin empleo a 27 trabajadores en la zona de Luján.
Entre ellos, profesionales encargados de gestionar trámites para que niños y niñas accedan a la Asignación Universal por Hijo y otros programas de asistencia.
Beatriz Gómez, licenciada en Trabajo Social y abogada, fue una de las despedidas. Con más de 20 años de trayectoria en SENAF, ingresó en 2003 como monotributista y, desde 2005, pasó a ser trabajadora contratada bajo el contrato 048, que implicaba la renovación anual, aunque con Milei pasó a ser trimestral.
Sin embargo, a pesar de haber desarrollado tareas esenciales en la estructura del organismo, recibió el aviso de despido por correo electrónico, sin explicaciones ni evaluación de su desempeño.
A lo largo de su carrera, Gómez trabajó en diversas áreas dentro de SENAF, desde instituciones de albergue para niños hasta la Dirección Nacional del Ecosistema de Protección, donde se encontraba desarrollando tareas hasta la notificación de cese.
Su función principal consistía en la gestión de adendas, cambios de titularidad en asignaciones familiares y la intervención en casos de vulneración de derechos de la infancia. «Nosotros articulábamos con ANSES, los servicios locales, las escuelas y centros de salud para garantizar que los niños recibieran la asistencia que les correspondía«, explica.
La decisión del gobierno de Milei de despedir a trabajadores sin un análisis sobre la continuidad de sus funciones pone en riesgo el acceso de cientos de familias a estos derechos.
«No sabemos quién va a hacer ahora estos trámites. ANSES no tiene personal ni el conocimiento técnico para llevarlos adelante. Se están generando vacíos administrativos que afectarán directamente a los chicos«, denuncia Gómez.
El vaciamiento de SENAF no es un hecho aislado. Desde el inicio de la gestión de Milei, los despidos y el cierre de programas han sido constantes. «Desde el primer día hubo una intención clara de desmantelar la protección social. SENAF ha sido una de las áreas más golpeadas», afirma.
El accionar del gobierno nacional tiene un tinte perverso. La renovación de los contratos cada tres meses y los constantes despidos afectaron el desarrollo de las funciones y el estado de salud de los trabajadores públicos.
Sobre esa situación, Gómez comenta que «realmente se vive con mucha angustia, en cada renovación te preguntas ‘¿me tocará o no me tocará?’, los contratos te llegaban ya comenzado el mes o incluyó un mes después. Eso no nos permitía pensar políticas a largo plazo porque no sabíamos si íbamos o no a estar».
A eso, se le sumó la falta de funcionarios responsables y la imposición de nuevas exigencias burocráticas han complicado aún más la situación. «Antes, con la gestión anterior, había más flexibilidad para resolver los trámites. Ahora nos pedían cada vez más informes y documentación que dificultaban el acceso a la asignación para las familias», explica.
Uno de los puntos más críticos es la falta de evaluación sobre las tareas que realizaban los despedidos. «Nos echaron sin siquiera revisar nuestros legajos. Ni siquiera sabían qué hacíamos», denuncia.
El impacto ya se siente en el territorio: sin estos trabajadores, los procesos de cambio de titularidad en la AUH quedan en un limbo administrativo. «Nosotros garantizábamos que la asignación llegara realmente al niño. Ahora, sin este trabajo, muchos chicos pueden quedar sin su derecho», advierte Gómez.
El ajuste sobre SENAF responde a una política de vaciamiento del Estado que afecta especialmente a las poblaciones más vulnerables. «El gobierno de Milei no entiende lo que implica la protección de la niñez. Cree que estos trámites pueden resolverse por internet, pero la realidad es que se necesita una intervención profesional para garantizar que los derechos se cumplan», remarca Gómez.
Mientras el gobierno avanza con su política de ajuste, miles de niños y niñas quedan expuestos a la falta de acceso a derechos básicos. “No es solo una cuestión de trabajo. Esto afecta directamente a los pibes, a sus familias y a toda la sociedad”, explicó Gómez.
La trabajadora social y abogada también se refirió al intento del gobierno nacional de bajar la edad de imputabilidad. «No hay estadísticas que justifiquen esa medida, los jóvenes en conflicto con la ley son muy pocos estadísticamente. Pero ellos quieren eso, cambiar políticas de protección por políticas de criminalización de los niños, niñas y jóvenes», concluyó.