Un repaso por los últimos 50 años de la historia del sistema universitario nacional expone que – con excepción del periodo gobernado por la última dictadura militar – el crecimiento se sostuvo como parte de un proceso mundial hasta la actualidad que nuevamente interrumpe un ciclo virtuoso para la ciencia y la tecnología nacional.
Así lo desarrollan las investigadoras y docentes de la UNLu, Laura Rodríguez y M. Betania Oreja Cerruti en una publicación reciente donde se proponen analizar el impacto de las medidas del gobierno de Javier Milei que congeló los presupuestos universitarios y únicamente tras la masiva movilización del 26 de abril ordenó un aumento que solo garantizará el funcionamiento de las Casas de Altos Estudios para el segundo cuatrimestre.
En el informe se destaca la evolución de la matrícula de pregrado y grado de Educación Superior y se expone que entre 1990 y 2022 la población estudiantil de las Universidades Nacionales creció 200%.
También se analiza en tres tramos el financiamiento por parte del Estado al sistema universitario, distinguiendo una etapa de recuperación y crecimiento postcrisis 2001 que va desde 2003 y hasta 2013, en el marco del boom de las commodities; una fase de estancamiento, con oscilaciones, entre 2014 y 2017 y una etapa de disminución, a partir de 2017.
Respecto al financiamiento, las investigadoras señalaron que «si el fuerte peso del componente salarial es una característica de los presupuestos de los sistemas educativos en el mundo, en Argentina se presenta de manera más acentuada debido a los bajos niveles relativos de la inversión en bienes de capital, rasgo estructural del gasto educativo nacional».
Salarios de docentes universitarios vs inflación en 6 meses de Milei. pic.twitter.com/ITp2OAUwdf
— Gabriel Sued (@gsued) 11 de junio de 2024
Aun así, las cifras no expresan necesariamente buenas condiciones de trabajo, ya que en el informe completan que «apenas el 10% de los cargos son de dedicación exclusiva y casi el 70% son de dedicación simple, lo que genera, para el grueso de los docentes, la
imposibilidad de desarrollar actividades de investigación y extensión».
Así, desde el Departamento de Educación entendieron que el aumento del 270% conquistado por la marcha de la comunidad universitaria recientemente «apenas representan los recursos mínimos y elementales y no incluyen el grueso del presupuesto, es decir, los salarios que continúan perdiendo frente a la inflación de forma continua».
Por último, Rodríguez y Cerruti concluyeron que «las reivindicaciones frente a los ataques y descalificación de la educación pública y ante la caída de nuestros ingresos no son una respuesta meramente corporativa (y por demás lógica) de las federaciones universitarias, sino que forman parte fundamental de los reclamos por una formación universitaria de calidad para el conjunto de la clase trabajadora y por las bases necesarias para generar
conocimiento científico, al servicio de la mejora de sus condiciones materiales de
vida, en igualdad».
