«Es peor que una suspensión, la Corte no tiene plazos. No sabemos cuando ni cómo vamos a poder retomar la obra» analizó un importante funcionario a cargo de la reconversión del basural a cielo abierto más grande del país. Estaba entrada la noche y la notificación del Poder Judicial recién llegaba a los despachos. La incertidumbre aún campea. ¿Qué pasará con el basural de Luján?.
Las obras financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo alcanzaron un alto grado de avance con más del 50% de la construcción del centro de reciclado que reemplazaría al actual basural donde unas cien toneladas diarias son arrojadas sin más tratamiento que el que ofrecen las y los laburantes de la economía popular. De ahí, que recibe popularmente el nombre de «La Quema».
Sin embargo, la apuesta por transformar el vertedero – que lleva 60 años funcionando en la ciudad – viene tironeada por los empresarios y residentes del lujoso Haras La Picaza. Tanto Carlos Reyes Terrabusi como Viviana Novelle ofrecieron una férrea resistencia al proyecto de reconversión que en otros cinco puntos del país el Ministerio de Ambiente de Nación puso en marcha con fondos del BID.
En el juzgado federal de Quilmes a cargo del juez investigado por su participación en la GestaPro, Luis Antonio Armella, lograron por primera vez suspender las obras. Fue en diciembre del año pasado y la decisión fue revertida rápidamente tras la movilización popular y las presentaciones en respuesta por parte del Municipio y el Ministerio de Ambiente. Antes de que la feria judicial iniciara, Armella derivó la causa a Mercedes y para febrero de este año, los empresarios consiguieron, esta vez desde el despacho de Elpidio Portocarrero Tezano Pinto, frenar por segunda vez los trabajos y el saneamiento del predio actual.
Los empresarios se niegan a que la reconversión tenga lugar porque el nuevo centro de reciclado se ubicaría frente al inmenso predio en el que viven y juegan importantes torneos de polo. Macri, Carrio, Larreta y Bullrich frecuentan «La Picaza» al igual que legisladores y dirigentes locales de Juntos por el Cambio.
Una vieja demanda de la Agencia de Administración de Bienes del Estado expuso que también utilizaron ilegalmente el predio de Sucre para la cría de caballos. El espacio, actualmente, exhibe el cartel de obra y lo que puede verse es el avance con plateas, tinglados y máquinaría trabajando. Hasta este miércoles no fue clausurada, aunque parece cuestión de horas para que la notificación llegue. «Se hizo justicia, y triunfó el bien» publicó en sus redes sociales el abogado y ex compañero de fórmula de Novelle, Jeremías Rodríguez.
Fuentes oficiales confirmaron a este medio que la suspensión de la obra es un hecho. Era entrada la madrugada y aún contaban con poco tiempo de análisis sobre la resolución de la Cámara de Apelaciones de San Martín. Pero el fallo de los magistrados Alberto Agustín Lugones, Néstor Pablo Barral y Marcela Silvia Zabala confirmó que la causa pasó a manos de la Corte Suprema de Justicia porque consideran que el tema de fondo es de jurisprudencia federal. La demanda apunta a un daño ambiental y menciona que no se hicieron los estudios correspondientes, pese a que el BID y el Ministerio ofrecieron todos los trabajos de diagnóstico ante tres juzgados, incluida la instancia de audiencia pública. Sin embargo, todo parece indicar que hasta que la Corte se pronuncie no habría posibilidad de continuar con los trabajos.
Al menos puede tildarse de contradictoria la resolución de la Cámara publicada este martes, siendo que que en julio de este año tuvieron que resolver la continuidad de las obras tras el fallo de Portacarrero Tezano Pinto que las mantenía frenadas desde abril. Fue cuando consideraron «insuficientes» los argumentos de los empresarios y argumentaron que “se encuentra comprometido el interés público de la comunidad” para dar luz verde a las obras.
Para sumar contradicciones frente al fallo reciente, la misma Cámara que ahora eleva a la Corte la causa argumentaba hace pocos meses que con las obras de reconversión “se estaría otorgando una mayor calidad de vida sanitaria a los habitantes de Luján, en particular, a los vecinos de los barrios cercanos al Basural a Cielo Abierto, a aquellos que trabajan como recuperadores urbanos y a los alumnos y docentes que concurren a la escuela próxima a aquel, quienes lograrían una dignificación en su hábitat y/o actividad”.
Entonces, el intendente Leonardo Boto valoró el fallo como «importantísimo». A lo que agregó «nos llena de emoción, nos llena de alegría” cuando supo que retomarían los trabajos en Sucre. Los planes de la gestión local indicaban que para fin de año las obras concluirían y las toneladas diarias de residuos en Luján tendrían un tratamiento diferenciado, apostando a la economía circular y la incorporación de unos doscientos laburantes informales. Un proyecto que, parece, vuelve a trucarse desde el poder judicial y ante las presiones de los empresarios socios de la familia Macri en varias empresas y con fuerte influencia sobre la oposición política.
Según los términos procesales, la Cámara resolvió que la causa continué su curso en la Corte Suprema de Justicia, que no tiene plazos para expedirse y mientras tanto, regirá la cautelar del juzgado federal de Mercedes que ordenó la suspensión de las obras y la prohibición de que el municipio arroje residuos en el actual basural.
