La titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Ángeles Ramos, y las auxiliares fiscales Nuria Piñol Sala y Viviana Sánchez, solicitaron al Tribunal Oral Federal Nº2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que imponga la pena de prisión perpetua a cinco acusados que formaron parte del Regimiento de Infantería Nº6 (RI6) por crímenes perpetrados en 1976 en perjuicio de cinco militantes del PRT-ERP, en la zona oeste del conurbano bonaerense.
El juzgado investigó los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidios que cometieron cuando cumplían funciones en el RI6 de Mercedes “General Viamonte”, contra 37 personas –ocho de las cuales fueron asesinadas y 19 todavía permanecen desaparecidas-, integrantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT-ERP), de la Juventud Guevarista y del Partido de los Trabajadores Socialistas.
Uno de los rasgos fundamentales del universo de víctimas, cuyos secuestros fueron sucesivos y concatenados, es la relación que tenían con la creación, edición, impresión y distribución de las revistas “El Combatiente” y “Estrella Roja”, medios de difusión del PRT-ERP.
Además, la mayor parte de las víctimas poseían algún arraigo en la localidad de Luján, ya sea por el domicilio al momento del secuestro o por su pertenencia a la Escuela de Arte o a la Escuela Comercial Nº1. Uno de los lugares que también compartieron muchas de las víctimas fue la casa del escritor y poeta Dardo Dorronzoro, donde realizaban talleres literarios y se habría generado un espacio de debate político. Otro de los lugares de vínculo fue el “boliche” de Enrique Guerrero.
La fiscalía consideró acreditado que «el Regimiento 6 de Infantería de Mercedes realizó un operativo ilegal en la calle Ecuador 170 de la localidad de San Andrés de gran magnitud y poder ofensivo, planificado para desbaratar esa imprenta, rescatar al vicecomodoro Roberto Echegoyen y capturar y asesinar a los militantes del PRT-ERP que encontraran en la vivienda».
La fiscalía puntualizó que para la realización de ese procedimiento, el Ejército secuestró previamente al miembro del Comité Central del ERP-PRT, Pablo Pavich, en los primeros días de julio de 1976, en la estación de tren de Moreno, provincia de Buenos Aires.
Por otro lado, la fiscalía detalló los hechos que tuvieron como víctimas a los militantes del PRT Rocío Ángela Martínez Borbolla y Pedro Oscar Martucci. Las representantes del MPF consideraron acreditado que el 14 de junio de 1976 un grupo numeroso de al menos diez personas armadas pertenecientes al Ejército Argentino, entre los cuales se encontraba el entonces subteniente Martín Sánchez Zinny, ingresaron a su vivienda en el norte de Haedo, partido de Morón, y mediante forcejeos, golpes y amenazas a ellos y a los hijos de Rocío Martínez Borbolla, Bárbara y Camilo García, de 9 y 4 años de edad, se los llevaron secuestrados.
La imposibilidad de someter a juicio a los máximos responsables de la unidad militar provocó que la gran mayoría de los casos que afectaron a 37 víctimas fueran excluidos del debate por el tribunal, pese a la solicitud de la fiscalía de darles tratamiento.
Genocidas en el banquillo
Las representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) requirieron al tribunal que declare que los hechos, que están siendo juzgados desde el 3 de diciembre pasado, sean considerados crímenes de lesa humanidad e imprescriptibles. En su exposición, formularon acusación por el homicidio de Jorge Emilio Arancibia y las privaciones ilegales de la libertad de Rocío Ángela Martínez Borbolla, Pedro Oscar Martucci, Pablo Pavich y de un hombre que no pudo ser identificado, que fue también víctima de tormentos.
Al juicio llegaron acusados Gustavo Delfor González Sass, exteniente primero a cargo de la Compañía Comando y Servicios; Emilio Pedro Morello, exsubteniente a cargo de la Sección Apoyo de la Compañía de Infantería A; Luis Alberto Brun, exsubteniente a cargo de la Sección Apoyo de la Compañía de Infantería B; Martín Eduardo Sánchez Zinny, ex subteniente a cargo de la Sección Tiro de la Compañía C; Osmar Andrade, ex cabo 1° a cargo de la Sección Tiro de la Compañia I A; y Horacio Linari, exsubteniente a cargo de la Sección Tiro de la Compañía de Infantería A.
No participaron del debate otros tres acusados que se encontraban dentro de la nómina de imputados. Por un lado, fueron apartados del juicio por problemas de salud Alberto Ramón Schollaert, ex jefe del RI6, y el ex oficial Serapio Eduardo del Río. Luis Fernández Bustos, quien era Mayor y segundo Jefe del destacamento, falleció a fin del año pasado.
Asimismo, el exteniente Gustavo Delfor González Sass falleció poco después de iniciado el juicio. Tampoco pudo ser juzgado el exteniente Aníbal Miguel Sánchez, entonces jefe de Personal, integrante de la Plana Mayor del Regimiento, quien se encuentra prófugo.
Por otra parte, el jefe de inteligencia, exteniente Bartolomé Enrique Durán, también imputado en la causa Vesubio III, falleció en el año 2017 y el jefe de la Compañía B, exteniente primero Guillermo Eduardo Cogorno, falleció recientemente con una imputación pendiente en la instrucción de la causa.
Prisión perpetua para los genocidas
Las representantes del MPF solicitaron la máxima pena para los exsubtenientes Emilio Pedro Morello, Luis Alberto Brun, Martín Eduardo Sánchez Zinny, Horacio Linari y Rubén Osmar Andrade. A todos ellos los consideraron coautores penalmente responsables de los delitos de homicidio agravado por alevosía y por haberse cometido con el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de Arancibia, privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público agravada por mediar violencia o amenazas.
A Sánchez Zinny también lo acusaron por la privación ilegal de la libertad cometida con las mismas agravantes en perjuicio de Martínez Borbolla y Martucci. En el petitorio final, las representantes del MPF también requirieron que el tribunal revoque las prisiones domiciliarias de Morello, Brun, Zinny y Linari, y requirieron la extracción de testimonios para investigar los delitos que sufrieron Bárbara y Camilo García en el secuestro de su madre y la responsabilidad de otro militar en los hechos.
Por el momento, el Tribunal Oral Federal Nº2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no determinó una fecha para dictar sentencia contra los acusados, aunque se espera que sea luego de la feria judicial de mitad de año.
