El conflicto en el sistema universitario nacional suma nuevos pronunciamientos. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la CONADU Histórica coincidieron en reclamar el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario y la inmediata convocatoria a paritarias salariales.
Por un lado, el CIN ratificó que desde hace cuatro meses se encuentra vigente una ley aprobada por el Congreso de la Nación, cuyo cumplimiento corresponde al Poder Ejecutivo. En ese marco, subrayó que la norma dispone la convocatoria inmediata a paritarias para docentes y nodocentes, con el objetivo de recomponer la pérdida del poder adquisitivo de los salarios.
Además, el organismo que nuclea a las universidades públicas señaló que la ley establece pautas de actualización de los gastos de funcionamiento, el sostenimiento del sistema científico y tecnológico y la actualización de los montos destinados a becas estudiantiles. “No se trata únicamente de una cuestión presupuestaria, sino de garantizar las condiciones mínimas e indispensables para el desarrollo de las actividades académicas y científicas”, expresaron, y remarcaron que la recuperación salarial en 2026 resulta urgente ante la delicada situación del sector.
En paralelo, la CONADU Histórica ratificó el estado de alerta y movilización ante los trascendidos sobre una posible modificación de la Ley de Financiamiento Universitario durante las sesiones extraordinarias del Congreso. La federación informó que sus órganos de deliberación permanecen en sesión permanente y exigió el cumplimiento pleno de la normativa vigente, así como el pago de la deuda reconocida por el Poder Ejecutivo en el decreto 759/25.
Asimismo, el gremio reiteró la necesidad de una convocatoria urgente a paritaria salarial, a la que definió como el único ámbito legítimo de negociación colectiva. “No hay universidad sin docentes, no hay educación pública sin salarios dignos”, señalaron desde la organización.
De este modo, tanto las autoridades universitarias como el sector docente convergen en un mismo reclamo: la aplicación efectiva de la ley sancionada por el Congreso y la apertura inmediata de instancias de negociación salarial que permitan sostener el funcionamiento del sistema universitario público.
