Tras dos años de haberlo prorrogado, Milei consiguió su primera Ley de Presupuesto. No obstante, previamente, el gobierno tuvo que retirar del proyecto inicial la derogación de la Ley de financiamiento Universitario y la Ley de Emergencia en Discapacidad para que fuera aprobado en la Cámara de Diputados y pasara a la Cámara de Senadores.
La amenaza de un rechazo por el crítico artículo 30 mantuvo en vilo al gobierno. Sin embargo, el apoyo decisivo de los senadores del PRO, del radicalismo y 3 senadores que responden a gobernadores peronistas (Catamarca, Jujuy y Tucumán) consolidó el triunfo de la era Milei en la dilapidación del financiamiento educativo y la investigación científica.
El artículo 30 del presupuesto que desfinancia a la educación pública
Con este artículo se derogan los derechos adquiridos en tres leyes vinculadas a la educación pública, que, aunque no mantenían una situación ideal, permitían tener una garantía legal para el funcionamiento del sistema educativo.
a. Deroga el Art. 9 de la Ley de Educación Nacional que establece la asignación del mínimo del 6 % del PBI destinado a la educación. De acuerdo a la Ley de Financiamiento Educativo (2005), este objetivo debía alcanzarse en 2010, fijando metas intermedias. Por su parte, la Ley de Educación Nacional (2006) establece que cumplidas las metas de la ley de 2005, el presupuesto consolidado en educación no sería inferior al 6% del PBI. Sin embargo, estas metas se cumplieron solo en el año 2009, 2013 y 2015, lo que implica una deuda educativa acumulada que alcanzó los 26 mil millones de dólares entre el 2006-2020 (fuente: Argentinos por la Educación).
Esta decisión pone en riesgo, entre otras cosas, la ampliación de la cobertura educativa, la compensación salarial entre provincias y la inversión en infraestructura y tecnología.
Solo en Luján existen dos escuelas secundarias (N°12 y N°19) que aún carecen de edificio propio y mantienen su funcionamiento en escuelas primarias con el consecuente hacinamiento estudiantil.
En tanto, los salarios docentes son el principal eje del ajuste, en un contexto marcado por la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y la pérdida del poder adquisitivo en 21 de las 24 provincias desde el 2014 (fuente: Subsecretaría de Información y Evaluación Educativa).
b. Deroga el Art. 52 de la Ley 26.058, de Educación Técnico Profesional, que establecía fondos específicos para la educación técnica por un mínimo del 0,02% de los gastos corrientes del presupuesto anual, y permitía al Instituto Nacional de Educación Tecnológica financiar equipamiento, insumos, capacitación docente y el mantenimiento de talleres.
«En los últimos años se notó el faltante de insumos en los talleres. Como estudiante de electromecánica llegábamos al taller y no teníamos materiales para realizar los trabajos que nos pedían los profesores. Más de dos meses estuvimos sin puertas en los baños (…). Hicimos rifas para comprar insumos para química y electro. No sabemos cómo vamos a cursar este 2026”, cuenta Agustín Salas, estudiante de séptimo año de la EET N°1.
“Mal que mal había para soldar. Lo que propone este desfinanciamiento y todo lo que viene es por ejemplo que los estudiantes hagan simulación de soldaduras (…), muy en consonancia de la reforma laboral que se viene, hay un unísono de la formación de la futura mano de obra y la mano de obra empleada hoy”, describe Verónica Lazarte, docente de escuela técnica de Moreno.
En este contexto, un dato relevante es que, según la Unión Industrial Argentina la actividad industrial cayó 6% interanual en noviembre de 2025, afectando especialmente a las PYMES y coincide con una caída del consumo y el ingreso de productos importados. Situación que no es ajena en Luján donde se expresa, por ejemplo, en Cerámica Cortines.
“Es un golpe muy fuerte para esta modalidad educativa y sin duda tiene algún correlato en algunas situaciones que tienen que ver con el futuro del país. Digo, si nosotros no pensamos en un país industrializado, no vamos a necesitar técnicos, no vamos a necesitar personas formadas en oficio, que es lo que hace la formación profesional, la formación laboral”, sostiene Daniel Taverna, docente de escuela técnica de Luján.
c. Deroga los Art. 5, 6 y 7 de la Ley 27.614, de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que establecía un cronograma para incrementar progresivamente el presupuesto del área hasta alcanzar un 1% del PBI para el año 2032 y la distribución de esos fondos entre distintos organismos y jurisdicciones.
El ataque a la investigación científica muestra que durante el gobierno de Milei se totaliza un descenso del 48,8% del presupuesto ejecutado en 2023, se perdieron 5000 puestos de trabajo en el sistema científico y paralizaron proyectos de investigación. Las universidades nacionales enfrentarían un recorte real del 33,8% y las becas estudiantiles una caída del 76,6% (fuente: Centro de Economía Política Argentina).
“Por ejemplo, en la actualidad estamos investigando la construcción social del riesgo en torno al uso de agrotóxicos en localidades como Rodríguez, Luján, Mercedes y San Andrés de Giles, para lo cual requerimos financiamiento destinado a movilidad, por ejemplo. Esto nos permite conocer cómo estamos produciendo alimentos y qué acompañamientos podemos hacer desde la universidad en múltiples territorios”, explica Natalia Kindernecht, becaria doctoral CONICET y parte del Grupo de Estudios Rurales – UNLU.
Estas medidas profundizarán la desestabilización y desmantelamiento de todo el sistema científico nacional que lleva décadas conformándose y empuja al éxodo a científicos formados en nuestro país.
Un dato que evidencia el presupuesto sancionado: todos los ministerios recibirán menos partidas reales, afectando la ejecución de programas educativos y sociales. Solo el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, tendrá un incremento del 80% (fuente: Foro de Periodismo Argentino). Hecho que mantiene la tendencia de un ajuste brutal que recae directamente sobre la calidad de vida de las y los trabajadores.
