El Gobierno Nacional llevó adelante tres audiencias públicas programadas donde se presentó el plan de incrementos en las tarifas de gas y de electricidad y los criterios que se tomarán en cuenta para decidir una quita de subsidios al 10% de los usuarios de mayor poder adquisitivo.
Según el cronograma oficial, los nuevos valores y el esquema de segmentación de subsidios tendrán vigencia a partir de junio. Sin embargo, recién se verán reflejados en las facturas que reciben los usuarios en un plazo de al menos de dos meses debido a que la facturación de los consumos tiene ese ciclo, que es el período de lectura de los medidores, y se divide en dos pagos.
Los aumentos propuestos para la electricidad en el AMBA fueron de 16,52% para los usuarios sin tarifa social y de 6,88% para los consumidores con tarifa social. En Luján, dichos aumentos no impactan aunque suelen ser un parámetro que luego toma la Provincia cuando fija los incrementos para los usuarios del interior bonaerense.
En tanto, para el servicio de gas en todo el país, los usuarios con tarifa social no tendrán aumentos y las subas proyectadas para el segmento medio van desde 18,5% hasta 25,5%, de acuerdo a las distintas zonas, donde operan distintas empresas distribuidoras.
Por su parte, los clientes de alto poder adquisitivo dejarán de percibir subsidios y pagarán el precio pleno del servicio, que se estima implicará una suba de un 150%. La estimación oficial es que serán 921.778 titulares, en el caso de la energía eléctrica, y 760.600 en el de gas residencial.
La propuesta es que comiencen a pagar la tarifa plena los titulares con ingresos equivalentes a 3,5 canastas básicas totales (unos $313.916 en marzo), tres o más inmuebles, tres o más vehículos de menos de 5 años de antigüedad o sean propietarios de embarcaciones de lujo o aeronaves.
Accederán a la tarifa social y mantendrán los niveles de subsidios quienes vivan en los barrios populares identificados por el Renabap; titulares de programas sociales; empleadas doméstica; jubilados, pensionados, beneficiarios de pensiones no contributivas, monotributistas y trabajadores en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor a dos salarios mínimos; entre otros.
