«¿Qué significa la muerte humana cuando se destruye lo que hace posible la vida?»
—Gabriela Massuh
«Sentencia de muerte»: así han calificado diversas organizaciones sociales y ambientales la aprobación de la reforma de la Ley de Protección de Glaciares. El martes 7, el CEIA (Centro de Estudiantes de Información Ambiental), en conjunto con CEBI (Centro de Estudiantes de Biología), coordinó una charla abierta en la UNLu. Participaron los especialistas Daniela Velázquez, Melisa Estrella y Adonis Giorgi.
La modificación no es técnica, es política. Al redefinir el alcance de la protección y limitarla únicamente a glaciares con «función hídrica comprobada», el Ejecutivo introduce una zona gris peligrosa. La evaluación «caso por caso» traspasa la autoridad de control a las provincias (y muchas de ellas mantienen una relación de dependencia económica directa con las empresas mineras).
En noviembre del 2025, de acuerdo con filtraciones periodísticas, Bloomberg dio a conocer que el objetivo central de esta flexibilización regulatoria es facilitar la concreción de proyectos en zonas que antes eran intocables por ser áreas periglaciares. La entrega es planificada: el entorno de esos proyectos mineros, que el inventario nacional protegía como «permafrost» (suelo congelado), queda ahora a merced de la discrecionalidad política y el interés corporativo.
Sobre este punto, Adonis Giorgi, investigador principal del CONICET y director del INEDES (Instituto de Ecología y Desarrollo Sustentable), fue tajante al desarmar la falacia de la «función hídrica» selectiva: «Desde la ecología y la limnología, es un error conceptual grave pretender separar a los glaciares según tengan o no una función hídrica comprobada. Todos los cuerpos de hielos forman parte de un sistema de cuenca integral».
Para el especialista, la destrucción de estas áreas es irreversible: «La remoción de suelo congelado y el uso intensivo de agua para la minería no solo reducen la cantidad disponible, sino que degradan su calidad. No estamos hablando de un recurso renovable; estamos destruyendo la infraestructura natural que hace posible la vida en gran parte del territorio argentino».
A su vez, la reforma constituye un ecocidio, en tanto ignora el principio de «no regresión» ambiental, un pilar del derecho internacional que prohíbe retroceder en los niveles de protección ambiental alcanzados. Así la Argentina se encamina a una balcanización de sus recursos naturales.
Al fragmentar la protección nacional y permitir que cada provincia negocie sus estándares ambientales, el Gobierno de Milei ofrenda el patrimonio hídrico a intereses extranjeros, principalmente de los Estados Unidos: extranjerización de la tierra y el agua bajo un modelo colonialista parece ser la consigna.
La abogada Daniela Velázquez, especialista en Derecho Ambiental (CONICET/UNLu), explicó el sustento jurídico de esta vulneración: «La reforma es abiertamente inconstitucional y convencional por violar el principio de progresividad y su contracara, el principio de no regresión consagrado en el Acuerdo de Escazú».
Además, Velázquez advirtió que al pasar a una evaluación caso por caso se quiebra el federalismo de concertación: «Se atomiza la protección y se reduce el rol del IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) a una función meramente registral, y esto permite que cada provincia aplique su propio criterio metodológico según intereses coyunturales».
Imágenes recientes difundidas por Glaciarium confirman que incluso el icónico glaciar Perito Moreno está sufriendo retrocesos significativos. A esto se suma el alarmante registro en la Antártida, donde un glaciar se retrajo a una velocidad récord.
Por su parte, la doctora en Ciencias Sociales y Humanas Melisa Estrella (CONICET/UNLu) desglosó la reforma según la justicia ambiental y el historial de daños reales en el territorio: «Los impactos negativos no son potenciales, son actuales y tenemos evidencia clara. El caso de la mina Veladero en San Juan, con sus múltiples derrames de cianuro, demuestra que la minería en estas zonas contamina de forma persistente aguas superficiales y subterráneas con metales pesados».
Estrella alertó sobre la existencia de planes mineros en San Juan y Catamarca que hoy se encuentran «agazapados» esperando esta degradación normativa: «Una vez que se inicia la fase de explotación, es prácticamente imposible frenar estos proyectos. Por eso la reforma responde a una lógica de rentabilidad corporativa a costa de la vida de las poblaciones que ya están cambiando sus hábitos porque no pueden consumir el agua de sus cauces».
Desde una perspectiva de Derechos Humanos, esta ley es abiertamente inconstitucional. La Constitución Nacional garantiza en su artículo 41 el derecho a un ambiente sano, y el Estado tiene la obligación de tutelarlo. Al degradar la protección de los glaciares, se vulnera el derecho humano al agua potable.
Entre los principales vulnerados están las comunidades rurales e indígenas que habitan los territorios en disputa. Velázquez recordó al respecto el fallo «Lhaka Honhat vs. Argentina» de la Corte IDH, que ya condenó al país por no garantizar el acceso al agua: «El agua es un derecho humano básico e instrumental; sin acceso al agua no hay vida ni salud posible».
La reforma conlleva una transferencia de riqueza: se le quita el agua a las mayorías —un bien público esencial— para entregarle rentabilidad extraordinaria a un puñado de empresas trasnacionales. Mariano Ronsoni, referente del FUP (Frente Universitario Popular Ana y Rosa) y secretario de extensión del CEIA-UNLu, destacó que el daño a las comunidades será incalculable.
«Cuando decimos que el agua vale más que el oro, es literal. No queremos repetir el modelo de Chile, donde la permisividad con la minería ha derivado en crisis hídricas extremas». Ronsoni enfatizó además el rol pedagógico de la universidad: «Lamentablemente estamos en un contexto de avasallamiento de todo tipo de derechos, llevado adelante con crueldad, cinismo y desparpajo».
Entonces la batalla por la Ley de Glaciares es la lucha por un modelo de país. Por un lado, una visión que entiende a la Argentina como una canasta de recursos a rematar al mejor postor; por el otro, la defensa de la vida, la soberanía hídrica y el respeto por el sistema científico nacional que advierte sobre el colapso climático.
Finalmente, no es una reforma: es una decisión sobre quién vive y quién paga el costo. Donde avanza el extractivismo, retrocede el agua. Y donde falta el agua, no hay futuro que discutir.
