Para los desarrolladores inmobiliarios un decreto de Luciani agiliza las presentaciones en el municipio, pero también prohíbe el inicio de obra y la comercialización. En la implementación, el Ejecutivo hace valer un artículo y se desentiende del otro. Lo que prensa municipal se olvidó de borrar en el discurso oficial pero trascendió igual.
La gestión de Cambiemos comandada por Oscar Luciani tiene objetivos claros para los desarrolladores inmobiliarios, en una política de beneficios interminables que abre las puertas a nuevos negocios iguales a los que ya generan otros reclamos de familias estafadas. Secundado por el secretario de Obras Públicas Marcelo Gutiérrez y el director de Planeamiento Carlos Patetta, en su último discurso el intendente Oscar Luciani hizo apología al crecimiento urbano a partir de los desarrolladores inmobiliarios.
“También los emprendimientos, desarrollos e inversiones privadas (como barrios cerrados, clubes de campo, countries, a la par de urbanizaciones abiertas) generarán una expansión geográfica de las áreas residenciales”
“En tal sentido, la Administración municipal ha generado una modalidad de trámite administrativo que posibilita a los emprendedores adelantar el estudio de sus respectivos proyectos por parte de las áreas técnicas del Municipio, antes de la vigencia del nuevo Código de Ordenamiento Urbano”
El párrafo fue enviado desde el área que maneja el repatriado ingeniero Gutiérrez, secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos. Allí convive con el otro que tiene voz de mando, Carlos Patetta de la Dirección de Planeamiento, en una relación donde las miradas de reojo están a la orden del día.
La metodología general es que los funcionarios de cada área entregan las líneas al intendente para que haga las consideraciones finales. Por orden del propio Oscar Luciani, los párrafos fueron borrados del texto impreso que se entregó a concejales y periodistas, y que más tarde se subió a la web del municipio. Pero sobrevivieron en uno de los envíos vía mail a los que algunos detallistas prestaron atención. Así lo consignó Ladran Sancho días atrás, al momento de tratar el caso «Altos de Beschtedt».
Oscar Luciani lo reconoció en un acecho de periodistas, a la salida de un evento cultural. «Creí que no era conveniente hacerlo figurar» dijo el jefe comunal. Ante las repreguntas, amplió que «se ve que, equivocadamente quien tenía que enviarlo a los medios envió con ese párrafo y no tenía que enviarlo».
La modalidad de trámite administrativo a la que hace referencia en los arrepentidos renglones de su discurso es un decreto firmado por el intendente. En el documento que puede leerse en el boletín oficial, establece que es posible iniciarse trámites que contradicen la norma actual, pero que se encuadren en la normativa que el deliberativo local aprobó, aunque aún no convalidaron los organismos provinciales. Pero es claro cuando prohíbe el comienzo de obras y/o la comercialización.
Artículo por artículo
El artículo primero permite la «presentación de la documentación técnica correspondiente a proyectos de obras y/o emprendimiento urbanísticos que, no cumpliendo con la actual normativa municipal, se adecuen a la regulación contemplada en el futuro Código de Ordenamiento Urbano del Municipio»
El segundo, habilita una «constancia declarativa de factibilidad – de carácter provisorio – que deberá ser ratificada en forma definitiva al momento de entrar en vigencia el nuevo Código de Ordenamiento Urbano».
Y finalmente en el tercer artículo se aclara que la constancia declarativa de factibilidad – provisoria – tendrá valor a partir de la convalidación definitiva el COU y claramente indica que “el emprendedor no podrá dar inicio a la ejecución del proyecto – obras, instalaciones, comercialización, etc -”.
Este decreto debutó en su implementación con el emprendimiento Altos de Bestchedt, según confesó el Director de Planeamiento Urbano, Carlos Patetta a este medio. En ese caso, el desarrollador inmobiliario adelantó la presentación de parte de la documentación en la que trabajaron desde la Dirección de Tierras.
De esta manera, la contradicción está dada por lo que establece el artículo 3: el cual prohíbe el inicio de obra y la comercialización que comenzó en marzo. Funcionarios de primera línea del gabinete de Luciani, hicieron uso de los artículos que favorecen la especulación inmobiliaria y desconocen aquellos que obstaculizan o demoran hasta la convalidación del COU el negocio del privado.
La estafa se agrava con este emprendimiento dado que se trata de un fideicomiso engañoso que convierte en socio al comprador y lo despoja de buena parte de sus derechos. El deber de funcionario público obliga a la denuncia de estos casos. En las últimas horas y ante los problemas que esto genera, concejales integrantes de la Comisión de Urbanismo analizan denunciar el emprendimiento.