A un mes del comienzo del ciclo lectivo los gremios docentes anticipan un febrero caliente. Sin llamado a paritarias y la eliminación de la discusión salarial nacional, el escenario se asemeja cada vez más al del 2017. En ese contexto los docentes marcharán junto a Moyano el próximo 22 de febrero.
A principios de julio del año pasado y tras 120 días de discusiones y un total de 17 días de paro, los trabajadores de la educación y el gobierno bonaerense llegaron a un acuerdo salarial. En ese contrato se acordó llamar a los gremios en noviembre para discutir la paritaria de este año. Sin embargo, a pocos días del comienzo de clases, aún no fueron citados.
Históricamente el acuerdo salarial alcanzado por los bancos marca el camino para el sector privado, mientras que las paritarias docentes sirven como referencia para el público. Por estos días los docentes no fueron convocados a discutirlas y los bancarios mantienen una medida de fuerza.
Sin distinciones entre públicos y privados el gobierno nacional admitió que busca acuerdos en torno al 15% de aumento, en base al objetivo inflacionario del Banco Central para el 2018. En 2017 se discutió la paritaria docente a partir de un techo del 18%, sin embargo este año el límite fijado por el gobierno se ubica un 3% por debajo.
«Las paritarias son libres. Lo que sí consideramos es que es muy importante que la sociedad se comprometa con esta meta del 15% y de entender que la lucha contra la inflación no es una cuestión solamente por parte del Gobierno, sino de todos los sectores, porque al final del día termina perjudicando a los sectores más vulnerables», enfatizó el jefe de gabinete Marcos Peña.
En este sentido desde SUTEBA se manifestaron contra la propuesta y adelantaron que «no vamos aceptar un techo salarial de ninguna manera, lo rechazaríamos de plano. Con el 15% de techo salarial que quiere imponer el Gobierno de Macri, los docentes acumularíamos una pérdida del 10% de poder adquisitivo. Frente a eso le exigimos que establezca paritarias libres y sin techo».
Anticipándose a este contexto y marcándole la cancha a los gremios, el presidente Mauricio Macri firmó junto al Ministro de Educación Alejandro Finocchiaro, un decreto de necesidad y urgencia que eliminó la paritaria nacional docente, la cual servía como base para fijar el salario mínimo de los trabajadores de todo el país.
En el mismo DNU se limitó la intervención gremial en la mesa de negociaciones, eliminando la participación proporcional a la cantidad de afiliados. Ahora cada gremio tendrá sólo un representante al momento de negociar. De esta manera se debilita la acción de CTERA, el gremio de mayor representación. «Viola la libertad sindical y la ley de organizaciones sindicales», denunciaron los docentes.
¿Y en la Provincia?
Macri no fue el único en prever semanas dificultosas en torno a las discusiones salariales. En la Provincia de Buenos Aires la gobernadora María Eugenia Vidal hizo lo propio, pero antes vale sumar otra polémica.
En los primeros días del año el gobierno provincial promovió un sitio virtual donde los docentes pueden chequear si están adscritos a alguno de los sindicatos del sector.
Ante esta novedad los gremios manifestaron su disconformidad y consideraron que se incurrió en una «práctica desleal por promover desafiliaciones». «Lo que el gobierno hace es intentar deslegitimarnos para condicionar la paritaria», sostuvo Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA, al tiempo que informó que presentó una denuncia contra el gobierno provincial.
Retomemos: con dos meses de atraso en lo que refiere a la promesa de discutir paritarias en noviembre y sin un llamado formal, la titular de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) Mirta Petrocini, advirtió que «si a 22 días del inicio de clases no hay llamado, por lo visto hay clara intención de que la negociación se tensione».
Anticipando ese escenario -que podría ser muy similar al del año pasado donde las clases comenzaron con varias semanas de atraso- la gobernadora Vidal anunció esta semana un paquete de medidas a favor del sector educativo.
Estas están destinadas a ampliar el Servicio Alimentario Escolar (SAE), construir nuevas aulas para el nivel inicial y ampliar el boleto educativo a todos los niveles.
Actualmente 1.600.000 niños y niñas de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires deberían recibir todos los días al menos una ración de comida en las escuelas. A partir de la extensión del SAE, el compromiso de Vidal está en que todos los alumnos de todas las escuelas de nivel inicial y primario reciban desayuno, almuerzo o merienda.
Sin embargo desde los sectores más críticos aducen que este anuncio responde a la falta de comedores escolares ante la necesidad de los más vulnerables. También se suman denuncias de recortes presupuestarios a los comedores vigentes.
En la ampliación del boleto educativo está una de las claves más importantes en lo que respecta a los alumnos, teniendo en cuenta que en la misma semana en la que se anunció este beneficio, el Ministerio de Transporte de la Nación autorizó un fuerte aumento en los servicios que nuclea.
La meritocracia sin fin
Para finalizar es importante prestarle atención al último anuncio presidencial en materia de educación. El gobierno nacional anunció cambios en el plan PROGRESAR, el plan de becas creado por el kirchnerismo y que está destinado a los estudiantes escolares y universitarios.
Desde el ejecutivo relanzaron el programa el cual dejó de estar a cargo de la ANSES para ser responsabilidad del Ministerio de Educación. El acceso a las becas tienen como fin premiar al alumno que se destaque por su rendimiento. Por ejemplo, los alumnos de educación superior ahora deberán aprobar como mínimo la mitad más una de las materias del programa del año, cuando hasta el año pasado les alcanzaba con aprobar dos materias por año.
Además se le dará prioridad a quienes transiten carreras «de áreas estratégicas para el desarrollo del país», como las ingenierías. Según afirmó Finocchiaro, el aumento de las exigencias apunta a «poner en valor el mérito y el esfuerzo».
En este contexto general, los gremios docentes adelantaron que marcharán el 22 de febrero junto a Hugo Moyano, quien convocó a los sindicatos «a pedir por la preservación del empleo y mejoras salariales».