Tras la reciente Resolución Nº 267/2024 emitida por la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación, que prohíbe a los municipios incluir impuestos y tasas en las facturas de servicios públicos, el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA) emitió un comunicado en el cual aclara la situación para los usuarios del servicio de distribución de energía eléctrica en la provincia.
OCEBA destacó que la legislación vigente en Buenos Aires, específicamente la Ley 11.769, contempla la posibilidad de incorporar conceptos ajenos en la facturación de servicios públicos, siempre que se cumplan ciertos requisitos. A diferencia de lo dictado a nivel nacional, el marco regulatorio provincial sigue siendo aplicable en esta jurisdicción.
El comunicado remarcó que, según lo establece la Ley de Defensa del Consumidor (24.240), los servicios públicos con regulación específica, como el eléctrico, continuarán siendo regidos por sus normativas provinciales.
El organismo provincial subrayó que cualquier inclusión de conceptos ajenos en las facturas debe contar con la autorización de OCEBA y detallar claramente los cargos, permitiendo además que el usuario los pague de manera separada. En caso de no cumplirse estas condiciones, la distribuidora de energía puede ser sancionada y se le requerirá la refacturación correspondiente.
Asimismo, OCEBA garantizó que la falta de pago de cualquier concepto ajeno autorizado no podrá ser motivo de interrupción o desconexión del suministro eléctrico, protegiendo así los derechos de los usuarios.
Además, hizo una aclaración sobre el alumbrado público, explicando que este servicio, por su vinculación directa con el suministro eléctrico, puede ser incluido en las facturas, tal como lo establece la Ley provincial 10.740.
Finalmente, el organismo consideró que la resolución nacional puede ser interpretada como una intromisión en las competencias provinciales. Sin embargo, reiteró que el régimen provincial regula estos conceptos de manera clara y sin vulnerar los derechos de los consumidores.
Este comunicado llega en un contexto de incertidumbre para los municipios y cooperativas eléctricas, que hasta ahora gestionaban la recaudación de algunos impuestos a través de las facturas de servicios públicos.
