La decisión del presidente Javier Milei de vetar la ley que declaraba la emergencia en discapacidad generó una inmediata reacción en todo el país. En plazas de distintas ciudades se llevaron adelante movilizaciones convocadas por agrupaciones que nuclean a personas con discapacidad, sus familias y trabajadores del área, en rechazo a una medida que consideran regresiva y profundamente injusta.
En Luján, durante este martes, la Plaza Colón fue el punto de encuentro de una ronda de cerca de treinta mujeres que compartieron testimonios, angustias y demandas. «Muchas dejaron de cobrar. Otras cobran una miseria, o cobran de a puchos», resumieron en voz alta el impacto concreto que está teniendo el recorte en sus vidas cotidianas.
Ruth, acompañante terapéutica y una de las participantes de la jornada, explicó: «Nos parece muy importante que la ley de emergencia en discapacidad salga entera, completa, porque todas las personas que tienen discapacidad y quienes trabajan con ellas sufren mucho más, y si no se aprueba la ley en su totalidad, van a seguir siendo vulnerados».
También detalló la situación actual: «Una persona con discapacidad cobra una pensión no contributiva desactualizada desde hace años. Las terapias que logran autorizarse se pagan con valores bajísimos y muchas ni siquiera consiguen ser autorizadas. Hay demasiada burocracia, y justamente la ley intentaba resolver esos obstáculos. El veto lo anula por completo».
Además, Ruth agregó que la situación no solo afecta a las personas con disparidad, sino que también a jubilados, a niñeces y a cualquier persona que, en cualquier momento de su vida, pueda adquirir una discapacidad.
Otra voz que se hizo escuchar fue la de Laura, también acompañante terapéutica: «El veto presidencial me parece una barbaridad. Acabamos de ser testigos de que se disminuyeron las retenciones y se veta la ley de discapacidad y de jubilados. Cuando decían que venían por la casta, quedó claro que la casta no era la casta. Porque la casta está muy cómoda, muy cuidada por este gobierno. Los que están en absoluto desamparo y descuido son los discapacitados, los jubilados, los oncológicos, el Garrahan… Todos los sectores más débiles y que dependen de otros son los que verdaderamente están sufriendo este ajuste».
En ese sentido, Laura también hizo un llamado a la participación electoral. «Para mí es importante ir a votar para terminar con este ajuste voraz y perverso a los sectores más vulnerables del país: los comedores, quienes necesitan remedios para no morir, los jubilados a los que les quitaron medicamentos. Nosotros no somos el único sector. Acá son fuertes con los débiles y muy débiles con los fuertes», afirmó.
La situación en discapacidad
Un informe reciente de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) reveló datos alarmantes: la pensión por invalidez laboral está congelada en $217.000 y una maestra de integración en escuelas comunes cobra apenas $3.000 la hora, y con demoras de hasta seis meses.
La situación se agravó con despidos masivos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde fueron cesanteadas 340 personas, muchas de ellas con discapacidad. La propia agencia reconoció que proyecta la baja de otras 400 mil pensiones, lo que representa un tercio del total nacional.
Por otra parte, los talleres protegidos –espacios de inclusión laboral para personas con discapacidad– reciben desde hace más de un año una asignación estímulo de apenas $28.000 mensuales. En Luján, el Taller Protegido San Juan XXIII, con más de 50 años de trayectoria, continúa su labor pese a la falta de actualización presupuestaria.
