“Lo peor que podés hacer cuando te dan la correa del rottweiler es pensar que vas a manejar al perro”, dice un dirigente peronista a propósito de la llegada de una nueva Subdirección de la Departamental de Investigación (DDI).
El problema de la inseguridad es un clásico que se reaviva en cada nuevo período político y aunque existieron varios intentos de reformas, y se experimentaron variaciones en los cuerpos armados desde la Federal a las policiales municipales todavía es una deuda política la conformación de fuerzas de seguridad democráticas, modernas y a la altura de las problemáticas actuales.
Más allá de las diversas perspectivas ideológicas, desde el barro de la política nadie desconoce el peso propio que tienen las fuerzas de seguridad en Argentina y el desnivel de poder que existe entre funcionarios y mandos policiales.
A comienzos de junio, Gastón entró corriendo a su casa del barrio San Fermín apenas balbuceando “tiro… Policía”. Dos efectivos de la policía lo seguían al trote rápido, entraron, revolvieron toda la casa y golpearon a su hermano que intentó filmar el operativo. Se radicó una denuncia por abuso de poder.
Varias semanas después, la agenda local reflejó la demanda por mayores medidas de seguridad por parte de laburantes de reparto que vienen siendo afanados y golpeados.
Dos ejemplos locales que reflejan que la inseguridad tiene múltiples aristas y algunas incluso contrapuestas: quienes sufren de un asalto como los repartidores y quienes sufren la violencia policial como Gastón.
Por estos días, el asesinato Lucas Nahuel Verón por parte de la policía municipal de La Matanza y la desaparición de Facundo Astudillo Castro en Mayor Buratovich parecen reabrir el debate político en torno a la inseguridad y fundamentalmente qué hacer con las fuerzas policiales en la provincia de Buenos Aires.
El discurso político local en materia de inseguridad
Apenas un día antes de que se radicara la denuncia por abuso policial a Gastón y su familia en el barrio San Fermín, el Intendente recibió al Jefe de la Policía Federal Delegación Mercedes y Jefe del Departamento de Delitos Federales y Complejos de la Policía Federal para acordar mayor presencia de las fuerzas federales y “comenzar a realizar las investigaciones pertinentes relacionadas con el narcotráfico”, según informaron a través de una gacetilla.
Recientemente anunciaron la pronta llegada de una nueva sede de la Departamental de Investigación con sede el barrio San Bernardo. La ubicación resulta estratégica por “encontrarse en inmediaciones de un importante nudo vial y del principal acceso a la ciudad” y “se espera mejorar la respuesta a la actividad delictiva en los barrios adyacentes, como San Bernardo y Juan XXIII”.
El anuncio se suma otros tantos en materia de políticas de seguridad como patrullajes aleatorios en barrios populares, instalación de cámaras de seguridad, donaciones de elementos de higiene a las fuerzas, entre otras.
Siguiendo estas líneas, el discurso oficial parece apoyarse sobre la preocupación por la “protección ciudadana” entendida como la prevención del delito y la lucha «contra el narcotráfico». En términos de gestión, las políticas por ahora no reflejan más que la multiplicación de recursos para las fuerzas.
Sobre el famoso interrogante ¿más policía es más seguridad? La literatura es vasta y diversa. Para achicar las distancia entre la biblioteca y “la política” algunas reflexiones de Sabina Frederic, publicadas por Revista Anfibia poco antes de asumir al frente del Ministerio de Seguridad de la Nación, pueden tomarse.
Según Frederic, “el policiamiento ya sea en su faz preventiva o represiva, basado en la saturación y en cierta forma arcaica del patrullaje, resulta un recurso insuficiente” y algunos renglones más abajo redobla la apuesta al asegurar que “mayor número de policías sí se asocia al incremento de detenciones, no así a la baja del delito”. Frederic parece resolver la ecuación reformulándola en: más policía, más detenciones; pero no necesariamente más seguridad.
Respecto al discurso de la lucha contra el narcotráfico, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) elaboró un informe durante 2019 que sirve de advertencia.
«Este encuadre no establece distinciones entre narcotraficantes, microtraficantes o pequeñes vendedores y consumidores, y realiza una condena moral y en bloque de la droga, sin diferenciar entre sustancias y peligrosidades. Cuando la política criminal no realiza estas distinciones, se malgastan recursos estatales en la persecución y encarcelamiento de miles de personas sin que se logre afectar el negocio», aseguran desde el CELS.
Luego advierten que «se producen numerosas vulneraciones a los derechos de quienes tienen menos recursos. La guerra contra el narcotráfico aparece entonces como una encarnación de la selectividad penal, es decir, se vuelve una guerra contra les pobres y se convierte a la vez en el nuevo paraguas bajo el cual se toleran o promueven abusos policiales y judiciales».
Efectivamente, desde el discurso de apertura el Intendente manifestó su vocación de ponerse al frente de la lucha contra «el narcotráfico», anunció la inauguración de una Delegación de Narcotráfico en Luján y habilitó una línea telefónica para realizar denuncias anónimas.
Al día de hoy, se desconocen estadísticas o datos que permitan conocer qué resultados está dando esta política y sobre todo, cual es la real dimensión del problema en nuestro partido. Y, por ende, qué tipo de políticas corresponden a esas problemáticas.
Las temáticas de seguridad son las menos debatidas públicamente en el Frente de Todos y las voces que en su mayoría se destacan son más simpatizantes que cuestionadoras del desenvolvimiento de las fuerzas de seguridad.
¿De dónde venimos y hacia dónde vamos?
La gestión Cambiemos implicó un atropello a los derechos humanos que dejó nuevos símbolos y conceptos que van desde Santiago Maldonado a la doctrina Chocobar.
De las estadísticas de violencia policial, del discurso de «lucha contra el narcotráfico» con una Ministra quemando droga por televisión y del descontrol de la política a las fuerzas policiales venimos.
Desde organizaciones, sindicatos y partidos se construyeron los retenes y canales de denuncia para impedir mayores retrocesos en términos de derechos humanos pero la discusión sobre qué tipo de políticas de seguridad necesita la democracia sigue siendo una deuda pendiente.
Basta hacer un poco de zapping, recorrer los portales informativos y asomarnos por la ventana para notar que el período de gobierno que terminó el 10 de diciembre no mejoró ninguno de los de los indicadores que configuran el problema de la inseguridad.
Sin ir más lejos en el tiempo, ayer se armó una batalla campal que no pudo evitar el despliegue de patrullero, en la esquina de Santa Elena y Champagnat, a cien metros de un puesto policial que funciona desde el 23 de junio.
Un ejemplo más que comprueba que la policiación no puede ser la única respuesta para pensar la resolución de los problemas de las pequeñas comunidades en materia de inseguridad.
