A 44 años de La Noche de Los Lápices, el Encuentro Colectivo Docente de Luján denunció y repudió los hechos represivos sucedidos durante el aislamiento social preventivo obligatorio (ASPO) contra pibes y pibas de barrios populares. Con un duro comunicado, que fue compartido con la comunidad, resaltan la violencia con la que actúan las fuerzas de seguridad y piden políticas para los sectores más olvidados.
«Rechazamos el avance de la represión en nuestros barrios y especialmente sobre nuestrxs estudiantes y la juventud. Este mecanismo de control y disciplinamiento social, dirigido especialmente hacia lxs jóvenes de los sectores populares, no es nuevo», resalta el comunicado.
En ese sentido, expresan que la violencia policial aumentó en los barrios populares: «Durante el ASPO, cuando las situaciones de precariedad y deterioro de los derechos básicos como la salud, el trabajo digno y el acceso a la vivienda se incrementan, la violencia de todas las fuerzas de seguridad del Estado aumenta. La mayoría de las víctimas son niñxs y adolescentes».
La Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), entre el 20 de marzo y el 6 de agosto registró 92 muertes de personas a manos de integrantes de las fuerzas de seguridad: «La desaparición forzada y la muerte de Facundo Astudillo Castro es el corolario terrible pero anunciado de esta escalada de violencia por parte del Estado».
«Las políticas en relación a la vivienda, el trabajo, la educación y la salud son anunciadas una y otra vez sin que veamos su ejecución en la realidad de nuestras escuelas y hospitales, ni en la vida cotidiana de nuestros barrios. Al contrario, se anuncian planes millonarios para construir 14 nuevas cárceles y reclutar 10.000 nuevos policías. Más policía no es más seguridad, es más criminalización de la pobreza, más vulneración de derechos y más represión de las luchas sociales», enfatizaron les docentes.
«Invitamos a nuestro pueblo a organizarse y a ser partícipe de la denuncia y el rechazo hacia cualquier funcionario, fuerza policial o referente político que de rienda suelta, apoye o ratifique discursos y prácticas que criminalicen a nuestrxs niñxs, jóvenes o a sus familias. Que la represión, las torturas, los abusos y la muerte misma en manos del Estado y sus funcionarios se detengan, es también nuestra responsabilidad y nuestro compromiso», concluye el comunicado, que lleva la firma de organizaciónes sociales, centros educativos y docentes de todo el país.
