Recientemente, el Congreso aprobó en ambas cámaras por una amplia mayoría las reformas y la prórroga de la Ley de Barrios Populares que establece los lineamientos para la regularización dominial y la integración sociourbana de más de 5 mil barrios en todo el país.
La Ley nacida en 2018 tenía un punto clave en el que el tiempo empezaba a jugar en contra respecto a la prohibición de desalojos, que estaba próxima a vencerse y ahora se extiende por 10 años más. También se reconocieron 1200 barrios más y la ampliación de otros ya censados años anteriores y se sumó un presupuesto para desarrollar políticas de integración sociourbana.
Ladran Sancho visitó a la concejala del Frente Patria Grande en el Frente de Todos y Presidenta de la Comisión de Urbanismo del Concejo Deliberante de Luján, Carolina Francia para conocer su opinión respecto a la prórroga y modificaciones de la herramienta que permite desplegar políticas en los territorios.
– ¿Cómo explicarías qué es la ley de barrios populares?
– Es una ley del 2018 que ahora se reformó y prorrogó que tiene una importancia muy grande para los movimientos sociales porque va sentando la experiencia de lo que venimos haciendo en cogestión con el Estado. Esto tiene un gran potencial en nuestro país, que tiene un déficit muy grande en el diagnóstico y que impide desarrollar mejores políticas públicas para los sectores populares. Esta ley permite planificar mejor nuestras políticas que se iniciaron con el Registro de Barrios Populares en 2016.
– ¿Cuál es la magnitud en el alcance que brinda esta ley?
– En todo el país son más de 5 mil barrios populares los que fueron censados desde 2016 y ahora se suman otros 1200. En la ciudad de Luján hay 14 polígonos que categorizan como barrios populares y para los cuales se desarrollan políticas específicas como el programa «Mi Pieza» para ampliar o reaccionar viviendas. El programa «Lotear» que se está desarrollando en Los Laureles y Torres también destina un porcentaje del acceso a vecinos y vecinas de barrios populares. Hay una demanda muy grande de los sectores populares y medios por el acceso a la tierra y la vivienda. Por eso es tan importante la articulación en todas las instancias del Estado con las organizaciones que trabajan en el territorio. Da un resultado virtuoso cuando hay herramientas institucionales. Hay mucho por hacer y una gestión con la que podemos avanzar.
– ¿Qué puntos destacarías de esta ley de barrios populares?
– En principio, la actualización del diagnóstico que permite ampliar la cantidad de barrios que no fueron censados o ampliación de otros que ya forman parte. También se extendió a 10 años la prohibición de desalojos que permite más plazo para trabajar en alternativas habitacionales y políticas públicas para dar respuestas. Por último, es importante destacar que con la reforma se incorpora un presupuesto piso de base para las políticas de integración sociourbana que hasta ahora se financiaban con el Impuesto País y las Grandes Fortunas (por única vez). Esto es especialmente importante porque podemos pensar en recursos para materializar políticas más allá de quien gestione el Estado.
– Retomemos esta idea de la cogestión entre movimientos sociales y Estado..
– El Estado Argentino perdió capacidad para dar respuestas a las demandas fundamentales que para nosotros son «Tierra, Techo y Trabajo». Esto demanda de una planificación estratégica que el Estado perdió tras el neoliberalismo. Trabajamos en recuperar esa capacidad y una de las maneras que vemos posible es la cogestión entre el Estado y las organizaciones de la comunidad. Es una clave que aporta muchísimo.
– ¿Vas a presentar una adhesión a esta ley en el Concejo Deliberante?
– Si. Vamos a votar una adhesión a esta reforma de la ley de barrios populares 27.553. Esto nos permite reflexionar desde el Concejo también en una clave más local.
– ¿En qué sentido?
– Por ejemplo, en nuevas normas o normas ya existentes que habría que reveer e implementar como la ordenanza de Banco de Tierras que podría tomarse para construir respuestas superadoras a estas necesidades a las que hacemos referencia. Creo que hubo cuestiones propias del contexto, falta entablar algunas articulaciones, etc. Pero en definitiva es una herramienta valida que con una reforma actualizada a las necesidades del distrito puede ser de gran ayuda para la planificación y ejecución de políticas públicas.
– ¿Crees que la cristalización de estos debates en leyes concretas generan perspectivas más allá de los vaivenes de la política?
– Es muy importante que pongamos nuestros objetivos políticos por delante del proceso electoral. Me refiero a que surgimos como Frente para «llegar primero a los últimos». Los avatares del Frente a nivel nacional van a impactar en los territorios, pero eso no debe impedirnos continuar articulando, como venimos haciendo, a nivel municipal para dar respuestas a los sectores populares.
