Se dilata la citación a funcionarios de Políticas Sociales y Seguridad por el desalojo en el barrio Luchetti de Open Door. Organizaciones sociales apuran el reclamo en la Comisión de Derechos Humanos, la comisión reclama al Presidente del cuerpo y éste devuelve la pelota con reglamento en mano.
En la Secretaría de Políticas Sociales respiran aliviados porque se descomprime el conflicto laboral con trabajadoras y trabajadores del Servicio Local de Protección y Promoción de los derechos del niño y es cada vez más incierta la citación a un plenario por el desalojo a cuatro familias en el barrio Luchetti de Open Door a mediados de enero. Mismo relajo llega para el Secretario de Seguridad, Marcelo Oberti y la Fiscal Cordiviola.
En el laberinto burocrático del Concejo Deliberante se desdibujan las responsabilidades y se resguardan los funcionarios. En una recapitulación de presentaciones y pedidos, aparecen en primer lugar la solicitud de las organizaciones sociales para que las instituciones den respuestas.
En ese sentido la Concejal Griselda Krauth pidió un informe de dominio para averiguar la titularidad de las tierras donde se produjo el desalojo. El intendente reconoció que instruyó a sus funcionarios para que solo entreguen la información a la fiscal que colecciona desalojos en Luján, la Dra. María Laura Cordiviola.
Tras la bochornosa intervención realizada desde el estado municipal, SERPAJ Servicio de Paz y Justicia, Crece desde el Pie, Vamos – Patria Grande, Orillerxs, Ruca Hueney-Niñez y Territorio, SUTEBA Luján, CTA, ADUNLu y la comisión mixta de control y seguimiento de relocalizaciones pidieron en la comisión de derechos humanos una citación formal para funcionarios y la fiscal Cordiviola a fines de enero. El objetivo es que los citados expliquen el procedimiento para estos casos y den cuenta de la intervención puntual en Open Door.
En la carta enviada a Erica Pereyra (FPV-PJ) como presidenta de la comisión de derechos humanos del concejo deliberante, las organizaciones manifiestan su preocupación indicando que “el Servicio Local de Protección y Promoción de los derechos del niño actuó de manera irregular en el violento desalojo de cuatro familias en el barrio Luchetti de Open Door” y piden explicaciones de funcionarios y la fiscal que violaron el “protocolo que establece la ley para situaciones de esta índole, en las cuales están involucrados niños”.
En primera plana aparecen señalados la secretaria de políticas sociales, Mónica Issouribehere; secretario de seguridad, Marcelo Oberti, y la coordinadora del servicio local de protección y promoción de los derechos del niño, Jimena Cortesi. Más tarde se amplió la convocatoria incluyendo a la fiscal en turno el día del desalojo, Dra. Maria Laura Cordiviola.
La concejal Pereyra envió a la presidencia del legislativo, el pedido de plenario para dar curso a la demanda de las organizaciones. Lo hizo a comienzos de febrero y ante la insistencia de las organizaciones repitió el pedido a comienzos de marzo sumando la firma de Miguel Prince (FPV-PJ) y Nicolás Capelli (Unidad por Luján).
Desde la Presidencia del Concejo Deliberante, Fernando Casset aclaró a este medio que “en función de ese pedido, convoqué a una reunión de la Comisión de Labor Deliberativa. Ahí se discutió el tema y se resolvió tratarlo en una reunión ampliada de la Comisión de Derechos Humanos”.
Según Casset tras los pedidos de las organizaciones, “la Comisión de Labor expresamente resolvió no convocar a un Plenario, sino que la Comisión de Derechos Humanos llamara a una reunión ampliada”. Además, argumentó que “los Plenarios se hacen durante el período de sesiones ordinarias. Por eso se siguió ese procedimiento, nunca es atribución del presidente convocar a un Plenario”.
Para sumar confusión a la cuestión de la reunión de Comisión de Derechos Humanos participaron concejales del oficialismo como Maria de la Paz Elias y Marcela Manno, en la que acordaron avanzar con el pedido de plenario al presidente radical. Sin embargo Casset insistió en que sea la comisión de derechos humanos la que cite a los funcionarios sin respuesta a los dos pedidos de plenario formulados.
Entre dimes y diretes, la citación por ahora se dilata. Habrá que esperar a las próximas reunión de comisión de derechos humanos para saber si organizaciones y concejales volverán a empujar al presidente radical o escogerán otra modalidad para que los responsables señalados ejerciten el músculo democrático dando respuestas, cuando se ejerce la función pública.
