En marzo de este año ingresaron al Consejo Superior de la Universidad Nacional de Luján dos expedientes iniciados a partir de la aplicación Protocolo de Intervención contra la Violencia de Géneros. Las denuncias realizas por estudiantes y otros docentes ameritaban, tal como marca el reglamento de la UNLu, un Juicio Académico que resolviera la situación de cada docente.
Se trata de Martínez Reina, docente auxiliar en la carrera de Trabajo Social y de Pablo Ojeda, auxiliar que presta servicios en las carreras de Ingeniería Agronómica y Tecnicatura de Inspección de Alimentos.
El caso de Martínez Reina se remonta al año 2014 cuando, según se plantea en la denuncia, acosó a una estudiante que cursaba su materia. Los episodios incluyeron un intercambio «inapropiado» en redes sociales que llegó a la esposa del docente y un pedido de explicación por parte de esta a la estudiante que devino en angustia y la decisión de abandonar la cursada. La decisión de realizar la denuncia y dar a conocer los hechos fue en 2020 cuando al retomar sus estudios se encontró con Martínez Reina como docente de un seminario.
La denuncia fue realizada por docentes de su mismo equipo y para principios de este año el Tribunal que debe analizar el caso se expidió pidiendo al Consejo Superior que declare la proscripción de la causa. La propuesta fue rechazada por 8 votos y 12 abstenciones y habilitó un debate que perdura hasta estos días en donde debe decidirse si se ordena el alejamiento del docente del espacio de aula y contacto con estudiantes por el plazo de un año y la asistencia obligatoria a algún especializado en abordaje de los hombres que ejercen violencia con seguimiento del servicio social de la Universidad.
La prescripción de la causa parece ser un hecho basándose en el reglamento interno de la Universidad que data de 1992 y que carece de actualizaciones como las que se abordan en la ley 26.485 de protección integral de las mujeres. De todas formas, el debate en el Consejo Superior continúa en función de la propuesta formativa para con el docente.
Desde el Interclaustro «Mónica Mignone» que tiene la representación de 8 consejeros en el Superior explicaron que la propuesta se basa en dos argumentos principales: por un lado, el reconocimiento del docente a lo que se considera un abuso respecto a la estudiante basado en su género y la relación asimétrica de poder; y por otro en la necesidad de que la Universidad , en cuanto es una institución educativa, busque la prevención y erradicación de la violencia de géneros desde las políticas de reeducación.
La iniciativa propuesta fue evaluada y desestimada por el servicio jurídico de la Universidad aunque desde el interclaustro Monica Mignone insisten en votar la propuesta durante este jueves. «No entendieron que lo que proponemos no es un castigo ni una sanción, sino un camino sobre que hacer después de los procesos, por eso insistimos con desestimar el dictamen legal y aprobar el proyecto» explicaron a este medio.
Mientras tanto, otro caso de acoso por parte de un docente a una estudiante avanza en el ámbito universitario. Pablo Ojeda, auxiliar en Ingeniería Agronómica, y en la Tecnicatura de Inspección de alimentos, recibió dos denuncias de estudiantes; una de las cuales también se declaró como proscrita por el Tribunal conformado en la UNLu, mientras para la otra se pidió la nulidad por falta de pruebas.
Desde el Interclaustro Mónica Mignone mantuvieron posturas similares a las del caso Martínez Reyna pidiendo en el Consejo Superior que se rechacen los dictámenes del Tribunal y que se apliquen sanciones.
Frente a los procesos en marcha un aspecto normativo se volvió trascendental: la antigüedad del reglamento interno de la UNLu aprobado en 1992 no fue actualizado y no contempla, entre otras cosas, los alcances de nuevas normas ni conceptos como la violencia de géneros. De ahí que la figura legal para aplicar a la situación de Ojeda fue la de “falta de respeto”.
Ambos casos serán debatidos mañana en el Consejo Superior de la Universidad tras un cuarto intermedio que se inició el pasado jueves. Se espera que en las próximas horas se voten propuestas para resolver la situación académica de los docentes que fueron denunciados por acoso.
