Con presupuestos cada año más ajustados y problemáticas más profundas la gestión de Luciani prefiere barrer bajo la alfombra. Frente a la calesita burocrática, la situación de precariedad de trabajadores y trabajadoras por un lado, y la digna rabia de vecinos y organizaciones por otro, en la disputa por la agenda social.
Las cifras relevadas en los últimos años en estadísticas que dan cuenta de la situación social en Luján merecen una reacción mayor en la política, la sociedad civil, los medios y la ciudadanía en general. Sin embargo una quietud insoportable se impone frente a los números.
Según el Registro Nacional de Barrios Populares en Luján existen miles de familias en situación de vulnerabilidad en su situación habitacional. En el registro municipal de tierras y vivienda hay 5 mil familias anotadas esperando una respuesta que no llega. Mientras el último relevamiento de la Fundación TECHO indica que la totalidad de los vecinos en 13 barrios no tiene cloacas y muy pocos acceden al agua potable, la mayoría tiene pozo negro y más de la mitad no tiene acceso formal a la energía eléctrica.
Aunque no esté sistematizado, el mapa de la situación social se completa sumando los desalojos forzosos sin alternativas habitacionales, las detenciones arbitrarias que en su recuento dejan a Luján en el podio provincial, las denuncias sin respuestas por violencia de género, los pedidos de familias que no alcanzan a cubrir la canasta básica, y el abandono en barrios y localidades.
“Todo habla en las instituciones en medida en que lo sepamos escuchar”
La frase es del filósofo Gregorio Kaminsky, estudioso de las instituciones. La propuesta intelectual aplica fácil en Luján, en donde la oficina de Mónica Issouriebehere funciona en un garaje. Sobre el portón de entrada aparecen cada dos por tres ocurrentes trasnochados que dejan grafitis aportando la nomenclatura que falta para indicar que allí funciona la oficina de la secretaría de políticas sociales.
Desde Políticas Sociales deben surgir las respuestas a los problemas que enfrentan niños, ancianos, vecinos en situación de pobreza, sin vivienda, discapacitados, víctimas de la violencia machista y personas con derechos vulnerados en general. Tamaña responsabilidad merece un mínimo análisis por las páginas de Ladran Sancho.
Menos palos y más pan
El desfinanciamiento social acompañado por el uso de fuerza pública y fortalecimiento de dispositivos de control son las herramientas con las que Cambiemos gestiona los conflictos sociales. Mientras se desfinancia la atención social crecen los casos de detenciones arbitrales y aumenta la presencia policial en las dependencias estatales.
El primer mandato de Oscar Luciani (entonces como vecinalista puro) estuvo marcado por la improvisación. Cuando algunos casos tomaban demasiada relevancia pública eran atendidos a los manotazos por los funcionarios. Políticas Sociales fue una Subsecretaria que se desprendía de Salud, dirigida por Sergio “Coco” Sequeira, más conocido por su actividad al frente de locales nocturnos que por su capacidad en la gestión pública. Con un curriculum polémico, tiene como mancha indeleble su accionar ante una denuncia por abuso sexual por parte de un empleado.
En el marco de las inundaciones de 2014 el empleado, intercambia favores sexuales con una niña del barrio San Fermín. Fue denunciado y cubierto por Sequeira y Luciani, tanto que en la actualidad continua trabajando sin sanción alguna mientras su sumario descansa en algún cajón del municipio.
Durante el segundo mandato en el marco de la alianza Cambiemos, la reestructuración del estado municipal llevó a una intención de jerarquización del área y Políticas Sociales se convirtió en Secretaría. Cargada de anuncios, pero con pocos logros sigue en el debe el prometido refugio para víctimas de violencia de género, el fortalecimiento de defensa civil, la regularización en la asistencia a comedores y merenderos, mientras los desalojos y pedidos de asistencia alimentaria ya se cuentan por semana.
En tanto la situación laboral de los y las profesionales a cargo de la atención de casos sensibles empeoró. En el área la mayoría son monotributistas y según el director de RRHH no ingresarán a planta hasta que haya jubilaciones o bajas.
El presupuesto para 2018 está terminado, deberá discutirlo el Concejo Deliberante pero la propuesta del gobierno para asistir y promocionar derechos es preocupante. Casi no existe inversión, lo que implica recursos propios de las arcas municipal está destinado a sostener la estructura de personal mientras con escaso dinero provincial se hacen malabares para responder a la demanda.
Un ejemplo que sirve de referencia es lo que sucede en Casa de Abrigo. Salvando el gasto de personal, de los 62.000 pesos que se destinarán al funcionamiento, 50.000 serán para alimentos. El espacio admite en teoría hasta 10 niños. El cálculo desglosado resulta 13,70 pesos por niño cada día para alimentos. Así se repite en cada dependencia la lógica de la inversión nula.
El presupuesto que estima gastos para cada año es flexible, posiblemente el ejecutivo tenga que desembolsar más dinero en este caso. Lo que se asigna en materia de partidas presupuestarias expresa la planificación y en ultima instancia permite conocer las prioridades del gobierno frente a cada área.
En ese sentido, Políticas Sociales lejos de ser una prioridad es de las áreas más postergadas de la gestión. Para este año no se esperan grandes sumas, la mayoría de los recursos están volcados a sostener los precarizados sueldos de trabajadores y trabajadoras, que para Issourihebere son «los ojos del municipio en los barrios».
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Autonomía relativa, relativamente restringida.
El acumulado de recursos humanos en condiciones de precariedad es más suceptible a las presiones políticas. Sin goce de buena parte de los derechos laborales enfrenta en lo profesional una encrucijada cuando de aplicar un criterio distinto al de la gestión de gobierno se trata. Aquello que los ámbitos profesionales se conoce como autonomía relativa, se vuelve casi inalcanzable.
La mayoría posee contratos que se renuevan cada seis o doce meses. La situación se agrava para quienes poseen contratos de tipo “locación” por uno o dos meses.
Este viernes se cumplió una semana de huelga por parte de trabajadores del Servicio Local de Protección y Promoción de los Derechos del Niño, que desde enero no tienen contrato y buscan actualizar con el porcentaje de paritarias 2017. Lejos de mostrar preocupación, desde la gestión avanzaron con hostigamiento y persecución. «Si no firman se les cae el contrato» les dijo la directora de Niñez y Adolescencia, Gabriela Manni a los profesionales.
La situación del Servicio Local no es ajena a otras direcciones que dependen de Issouriehebere y que atiende casos sensibles. Si los trabajadores y las trabajadores de Políticas Sociales, son según la definición de la responsable del área «los ojos del municipio en los barrios» convendría en éstas condiciones, diagnosticar la miopía social del gobierno.
El problema de la agenda: politizar el dolor, del espanto a la propuesta
La fragmentación de los dolores sociales y la familiarización del conflicto se consolidaron como una suerte de cosmogonía, para entender y explicar desde la política el padecimiento de cientos de familias y así garantizar una agenda publica vacía en lo social.
Una semana de huelga de profesionales encargados de atender la niñez no ameritó más que algunas notas en pocos medios. Ni el gobierno ni la oposición se mostraron preocupados y fueron pocos los gremios que expresaron solidaridad en el caso. Sí la huelga fuera de otros sectores ¿hubiera tenido la misma repercusión en la agenda pública?, ¿y en la agenda política?
El mecanismo de cargar sobre la intimidad familiar las obligaciones del Estado ha resultado tan eficaz que hasta quienes padecen la vulneración de derechos asumen el discurso que los explica naturalizando la indiferencia política. Una mayoría social con demandas fragmentadas en su atención y mareadas en la calesita burocrática mantiene cada vez más lejos a los vecinos de la organización necesaria para hacer andar la pesada maquinaria estatal.
Sin embargo, a la luz de los últimos años, algunos ejemplos esperanzadores aparecen en el terreno local como un hilo de luz en medio de la oscuridad.
Gestiones largas e importantes como las viviendas para familias inundadas en Santa Marta y en Olivera, la cesión de terrenos a familias del Ombú en Pueblo Nuevo, el reconocimiento dominial en barrios populares, la recuperación fábricas, la conformación de cooperativas de trabajadores sin empleo formal y las gestiones cotidianas como destrabar partidas para comedores o entrega de subsidios, tienen detrás complejos procesos de organización de los sectores populares.
La desigualdad, vivida como padecimiento de los humildes se esconde y se muestra de a momentos en la agenda pública. Politizar el dolor implica imponer la cuestión social en agenda, desarraigando las explicaciones del plano familiar.
Los trabajadores excluidos, las familias sin hogar, las mujeres que sufren la violencia machista, pasaron de la vergüenza personal a la acción cuando comprendieron que eran una cifra en la estadística del déficit, que nada había de personal sino de estructural en su sufrimiento y por ende la salida implicaba organización con otros. Transformar el dolor en acción política con cuerpo colectivo es tarea dura y contradictoria. Pero por ahora, la única conocida.
