En un contexto donde el receso administrativo suele ralentizar los tiempos, la justicia bonaerense dio un paso decisivo en la protección de la salud pública y el ambiente. El Juzgado Contencioso Administrativo de La Matanza dictó recientemente una medida cautelar que ordena a un productor agroindustrial el cese inmediato de las fumigaciones con agrotóxicos en un predio lindero a barrios y viviendas del centro poblado de General Rodríguez.
La decisión no solo representa un alivio para las y los vecinos directamente afectados, sino que se constituye como un precedente de peso para los denominados pueblos fumigados. Este avance judicial es el resultado de una lucha que se intensificó durante el cierre del año pasado.
En diciembre de 2025, la comunidad local ya había denunciando que el nuevo Código Ambiental municipal, aprobado apenas un mes antes, carecía de efectividad real en el territorio, debido a que mientras las autoridades locales presentaban la normativa, los vecinos de diversos barrios reportaban aplicaciones de agrotóxicos a metros de sus hogares.
La obtención de esta tutela cautelar fue descrita por los actores involucrados como una auténtica carrera contra el reloj contra la burocracia judicial de verano. El proceso comenzó con un revés el 5 de enero de 2026, cuando el juez de turno de Morón se negó a habilitar la feria judicial, bajo el argumento de que la urgencia denunciada era meramente «conjetural», a pesar de las advertencias vecinales sobre la inminencia de nuevas fumigaciones.
Frente a este escenario, la organización Naturaleza de Derechos y los vecinos afectados apelaron la decisión el 7 de enero, y lograron que la Cámara Contencioso Administrativa de San Martín les diera la razón menos de una semana después. El tribunal recordó que, en causas que involucran la salud y el entorno, las reglas procesales no deben aplicarse con criterio restrictivo, ya que la demora en la justicia solo contribuye a consolidar el daño ambiental.
Sin embargo, el camino no estuvo exento de tensiones hasta el último minuto. Tras la orden de la Cámara, el juzgado de Morón volvió a dilatar la resolución efectiva al solicitar informes al municipio por un plazo de cinco días. Fue recién el 15 de enero que el caso llegó ante el Juzgado. Allí, finalmente, se obtuvo la respuesta que la jurisprudencia ambiental exige: una decisión en tiempo útil, basada en el principio precautorio y orientada a la protección de las niñeces y los sectores más vulnerables de la población.
Desde el equipo de Abogacía Popular que impulsó la medida, señalaron que este resultado es fruto de una concepción del derecho como herramienta de empoderamiento socioambiental. El fallo subraya que la feria judicial no debe ser sinónimo de impunidad para quienes incumplen las normativas básicas de convivencia y salud. Para los colectivos ambientales de la provincia, este caso demuestra que la organización vecinal y el acompañamiento jurídico especializado son capaces de frenar lo que muchas veces parece inevitable: el avance de los agrotóxicos sobre las viviendas y las vidas de las personas.
Ante la continuidad de este modelo productivo, las organizaciones llaman a la población a no resignarse, a denunciar y a exigir información ambiental de calidad. Para aquellos habitantes de pueblos fumigados que requieran asesoramiento jurídico o acompañamiento en situaciones similares, se mantiene abierta la línea de contacto de Naturaleza de Derechos al 11-3864-0522.
