Los concejales del FPV, Nicolás Capelli y Leonardo Boto, junto al abogado Braian Vega integrante de «Acción Positiva» y el Presidente de la Sociedad de Fomento del Barrio San Pedro, Sergio Almada, impulsaron la problematica del basural local hasta la Comisión Interamericana de DD.HH.
En diálogo con Ladran Sancho, Nicolás Capelli afirmó que «el objetivo de la presentación es encontrar una solución definitiva a algo que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo y que pone en riesgo la vida de los vecinos. Ante la falta de respuestas del ejecutivo, es necesario llegar a una etapa superior para garantizar que no se sigan vulnerando sus derechos».
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. Por primera vez sesionó en Argentina y fue la oportunidad para la presentación de diversas denuncias, entre ellas la que respecta al basural a cielo abierto más grande de la Provincia de Buenos Aires.
En el documento presentado se expresa el “grave perjuicio que ocasiona para la salud y el medio ambiente, la existencia de un basural a cielo abierto en una zona urbana/residencial”. A su vez da detalles de las consecuencias que provoca su actividad: “por un lado al provocarse incendios intencionales de los residuos existentes, se vuelca sobre los canales de tránsito vehicular una cierta cantidad de humo que hace imposible la visibilidad y por consiguiente resulta sumamente peligroso. En segundo término, al encontrarse el basural en las inmediaciones de un barrio residencial, se producen múltiples enfermedades para las personas que allí habitan, en su mayoría niños. Los cuadros más comunes son broncoespasmo, bronquitis y reacciones alérgicas como manchas en la piel; secuelas de la inhalación del humo proveniente de la quema de basura”, sostiene la denuncia.
En la presentación realizada, se enumeran las distintas normativas incumplidas por el municipio, comenzando por el artículo 41 de la Constitución Nacional donde se afirma que «todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”. Además incluye a la Ley Nacional Nº 25.916, que determina los «presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de los residuos domiciliarios», la cual está ratificada por la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
En referencia al ámbito municipal, la denuncia destaca que hace más de un año que se declaró la emergencia sanitaria y ambiental, mediante la Ordenanza 6614. Además hace alusión a la 3661, que dispuso el “inmediato cierre del basural municipal y la correspondiente parquización del predio donde está ubicado”.
La presentación llevada a la CIDH indica que “así las cosas, entendemos que es el Estado quien debe velar por la integridad física de todos los ciudadanos de Luján; y si así no lo fuera los organismos respetuosos e interesados en la promoción y defensa de los derechos humanos deben interceder a los efectos de que se respeten los derechos y garantías de todos los ciudadanos”.
Sobre la respuesta de la CIDH y las expectativas a futuro, Capelli sostuvo que «fue muy positiva. Ahora un fallo de la Comisión podría aportar nuevas propuestas y proyectos que pueden abrirnos la puerta ante organismo internacionales que tienen experiencia en estos temas». La denuncia fue enviada a la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, para su tratamiento.
Vale recordar que en marzo de este año, Sergio Almada junto a la abogada Ana Maldonado, presentaron una denuncia contra el Municipio de Luján, frente al Defensor del Pueblo de Mercedes, el Doctor Fernando Florella. Dicha denuncia fue girada a La Plata y en los primeros días de junio habría novedades desde la Defensoría de dicha ciudad.
