El Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) en Luján, junto a sus delegados y la comunidad educativa, organizó, este jueves 7 de noviembre, una jornada de visibilización en defensa de la educación técnica.
La actividad, que reunió a docentes, familias y estudiantes, tuvo como objetivo denunciar la reducción en los fondos presupuestarios dependientes del Estado nacional asignados para este sector educativo, esenciales para la formación y equipamiento de las instituciones.
Durante la jornada, se dialogó con los asistentes sobre la importancia de exigir la asignación total de los fondos nacionales que, de acuerdo con la ley, deberían destinarse a la educación técnica.
SUTEBA distribuyó material informativo en el que se destacaron los principales problemas derivados de la subejecución presupuestaria. Según el gremio, en 2024 de los $34.000 millones asignados, se han transferido solo $6.000 millones, una situación que dificulta la provisión de materiales y recursos necesarios en las escuelas técnicas.
La actividad se desarrolló en un contexto de ajuste que, en el caso de la educación técnica, ha significado la reducción de casi el 80% de los fondos previstos.
Además del impacto económico, el gremio denunció que la administración de Javier Milei también ha sugerido reducir la duración de la formación técnica profesional de seis a cinco años, lo cual generaría cambios significativos en la estructura de enseñanza y la calidad formativa.
En el marco de esta jornada, se discutió también el Proyecto de Presupuesto 2025 presentado por el gobierno nacional, que propone asignar $32.910 millones para la educación técnica, un monto inferior al presupuesto vigente a pesar de la alta inflación.
Uno de los aspectos más alarmantes del proyecto, según SUTEBA, se encuentra en el artículo 27, que eliminaría normativas fundamentales para el financiamiento de la educación técnica, la ciencia y la tecnología.
De aprobarse, esta modificación eliminaría el piso mínimo del Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional, que según la legislación vigente no debe ser menor al 0,2% del total de los ingresos corrientes previstos en el presupuesto nacional.
Con esto, SUTEBA advierte que la reducción del financiamiento se traducirá en un deterioro de las condiciones de enseñanza, afectando la calidad educativa y el derecho de los jóvenes a acceder a una formación técnica integral.
