Tres semanas atrás el Banco de la Provincia de Buenos Aires otorgó un préstamo de $190 millones para la firma que edificó la central termoeléctrica en Luján de modo ilegal. Se suman a los 15 millones verdes que ya había dado el Ciudad y a los beneficios impositivos del gobierno de Macri. Cuando la alineación nación, provincia y municipio funciona contra la comunidad.
La provincia de Buenos Aires a través de su casa bancaria decidió apostar firme para proyectos que no se encuadran en los términos legales. Según se desprende de la información que brindan las partes implicadas en la negociación, Araucaria Energy obtuvo un préstamo hace semanas por parte del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
En las últimas horas se conoció además una resolución que eximió del pago de algunos impuestos al proyecto de la Central Térmica de Luján y otras tres que se encuentran en territorio bonaerense.
En los hechos, el 29 de diciembre y después de dos meses plagado de reclamos, irregularidades, denuncias, acuse de presiones y hasta un decreto del intendente de paralización de obra, la gestión política por parte del gobierno provincial no cesó en la ayuda a la empresa. Incluso cuando organismos bonaerenses expresaron los problemas que generó la llegada de la termoeléctrica.
La gobernadora María Eugenia Vidal y el presidente del Banco Provincia Juan Curutchet avalaron poner más de 190 millones de pesos (10 millones de dólares) a disposición de la firma extranjera dueña de la termoeléctrica que se encuentra en la intersección de las rutas 6 y 34. De esta manera, Araucaria Energy prepara más trabajos en sus plantas.
Algunos de los datos que se desprenden del préstamo son: «Préstamo a interés vencido por la suma de 10 millones de dólares. Plazo: 12 meses. Tasa de interés a definir por política y proyecciones financieras. Forma de pago de capital, pago único al vencimiento. Forma de pago de los intereses a definir por política y proyecciones financieras».
Según el mismo documento interno del Banco Provincia había tiempo hasta el 19 de marzo de 2018 y el escrito se acompaña con la firma de un contador de nombre Ricardo O. Lopez Mores.
«Los fondos obtenidos por este préstamo serán destinados a financiar el capital de trabajo y la construcción, mantenimiento y desarrollo de cuatro plantas de generación de energía eléctrica próximas a las localidades de Pilar, Zárate, Luján y San Pedro, provincia de Buenos Aires, con una capacidad conjunta aproximada de 686.5 MW, a fin de incrementar la producción del sector energético», es la argumentación escueta que se extrae de lo informado por los asesores.
Marval, O´Farrell & Mairal fue el estudio de abogados que asesoró legalmente al Banco de la Provincia de Buenos Aires, a través de su socio Roberto E. Silva (h), y sus asociados Agustín López Roualdés y Martín Iván Lanús.
En tanto que los de Araucaria Energy SA fueron «Pozo Gowland Abogados», estudio que actuó como asesor legal argentino de Araucaria Energy SA, a través de su socio Esteban de Vedia, y sus asociados Joaquín Astarloa y Gonzalo Torres. Por último se menciona a un «Asesor legal interno de Araucaria Energy SA»: Álvaro Eduardo Estivariz.
La resolución que da marco normativo y en la que se ampara dicha transacción es la Comunicación “A” Nro. 4851 del Banco Central, y sus comunicaciones modificatorias y complementarias. Dicho documento fue originado hace 10 años en pos de prestar dinero a actividades productivas.
El 3 de agosto de 2017, el Banco de la Ciudad de Buenos Aires también puso su parte para la empresa. «El préstamo fue otorgado dentro de los compromisos permitidos a Araucaria Energy S.A., en su carácter de garante y por un capital total de USD 500.000.000, emitidas por Stoneway Capital Corporation, sociedad canadiense controlante del deudor».
Al igual que con el dinero de la provincia, el préstamo fue garantizado -informan- por Stoneway Capital Corporation, Stoneway Energy International LP, Stoneway Energy LP, Araucaria Power Generation S.A. y SPI Energy S.A.
En suma, los riesgos que toman los capitales parecen no tener fin, aunque sí salvadores. Edificando una central de 190 millones de dólares en un lugar no permitido por el código de ordenamiento urbano que el Partido ostenta y planificando el funcionamiento en una ciudad que no permite instalación de empresas de tercera categoría, los problemas encuentran soluciones por la ayuda de los que manejan los resortes del estado en sus diferentes órbitas.