Los y las despedidas de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de Nación (SENAF) comenzaron su reclamo recordando un dato que encuadra la situación: el 56,3% de los niños y niñas menores de 14 años en Argentina viven en situación de pobreza.
Solamente ese número, con miles de caras que lo conforman, debería refutar los despidos en los organismos estatales destinados a gestionar ayudas y a intervenir para que las vidas de los y las más pequeñas tengan más contención y oportunidades.
«El gobierno nacional decidió desmantelar las políticas de protección infantil», denunciaron desde la Junta Interna que el gremio ATE tiene en SENFAF y explicaron que «sin la secretaría se paralizan programas esenciales de asistencia, prevención y acompañamiento».
Entre otras tantas tareas, dependían de SENAF los hogares para niños que no tienen adultos responsables que puedan cuidarlos, que padecen consumos problemáticos o que están en conflicto con la ley penal. Los dispositivos estatales no abundan y crece la preocupación tras esta noticia de cierre y despidos.
La denuncia de las y los laburantes apunta principalmente a la ministra Sandra Petovello. «Hoy el Estado en manos de empresarios sin compromiso con el bienestar de la Sociedad», remarcaron desde ATE al tiempo que aseguraron que el ajuste ahora lo están pagando «los chicos y las chicas de la Argentina».
Solamente en el radio geográfico que comprende a Luján fueron 27 los y las despedidas. Por citar un ejemplo, se trata de laburantes que hacían trámites y gestiones para que los y las pibas accedan a la Asignación Universal por Hijo u otros programas de asistencia.
Ahora, se hacen malabares para atender la demanda de Moreno, General Rodríguez y Luján entre tres personas solamente. En la región, se estima que asisten a más de 2500 familias que ya no tendrán acceso a derechos a partir de este ajuste.
Según denunciaron delegados locales, los despidos llegaron a personal de 20 años de antigüedad con modalidad de contrato anual, pero también a empleados de planta con más de 30 años de antigüedad. «Imagínense que estamos hablando de gente de cincuenta y pico, sesenta años, que es muy difícil que consiga otro laburo», remarcaron desde ATE.
Todavía es reciente la novedad y será difícil dimensionar sobre el alcance de este nuevo guadañazo que da el gobierno nacional sobre las políticas públicas. El primer reflejo es la organización colectiva entre laburantes afectados y la presentación de una resolución en el Concejo Deliberante que ya se está redactando desde el bloque Unión por la Patria.
