Luego de los avances presentados por el gobierno provincial, Ladran Sancho buscó la opinión de varios sectores involucrados en la temática para comprender cuáles son los verdaderos alcances y beneficios de estas nuevas herramientas.
Junto al secretario de DD.HH. Santiago Cantón y la subsecretaria de Género y Diversidad Agustina Ayllón, Maria Eugenia Vidal presentó una aplicación que permite hacer denuncias ante casos de violencia de género, junto a otras medidas destinadas a la prevención y erradicación de esta problemática.
En este contexto también se conocieron las cifras alarmantes de los femicidios: durante la primera quincena de 2018 ya se registraron 13 femicidios y el 90 por ciento fueron cometidos por varones del círculo íntimo o conocidos de las víctimas. El Observatorio de la Violencia contra las Mujeres Ni una Menos, dio a conocer también las cifras correspondientes a los femicidios del 2017 a nivel nacional: 298, uno cada 29 horas.
Respecto a la provincia y el Plan Integral de Género, a partir de un convenio con la Procuración de la provincia, la app del teléfono logra que la denuncia no tenga que hacerse en la comisaría, sino que por sistema, va directamente a sede judicial. Luego la mujer tiene un plazo de cinco días para ir a la fiscalía para ratificar su acusación.
Además se dispuso un fondo de emergencia económica de hasta 7500 pesos para las víctimas. En este sentido María Eugenia Vidal se comprometió a que «los 135 municipios van a tener una tarjeta para que tengan esos fondos disponibles las 24 horas y puedan accionarlos cuando los necesiten. Hay necesidades urgentes que necesitan una respuesta rápida».
El director de Políticas Sociales de Luján, Carlos Romero confirmó a este medio que «esos fondos en realidad no son nuevos, ahora los están publicitando. Ya están previstos por provincia y nosotros los usamos cuando los necesitamos. Se usan, luego se facturan y desde provincia reintegran el dinero».
Sin embargo Natalia Pérez de la Defensoría de Género Luján explicó que «el fondo de 7500 pesos para la víctima se publicitó y supuestamente se implementó en el primer semestre de 2017 pero no fue garantizado en ninguno de los municipios en donde militamos con las Defensorías de Género en provincia, incluso en Luján. No sólo no lo garantizaron si no que ni siquiera sabían de qué se trataba esta ‘ayuda'».
En el marco de los anuncios Vidal destacó la ampliación de la atención del número de denuncias 144 y de la red de refugios de la provincia. «Necesitamos que toda la sociedad se involucre, participar en marchas no es suficiente», agregó.
Las mujeres que se agrupan para defender a otras mujeres víctimas de violencia, siguieron marcando de dónde provienen los avances y lo que todavía falta. «Estaría bueno que la gobernadora sepa que la implementación de un plan contra la violencia de género tiene origen en esas marchas que tanto desprecia, y que sirvieron para poner en agenda un tema que para el estado no existe», aclara Pérez.
Desde las organizaciones de género advierten que existen muchas trabas burocráticas al momento de denunciar. Además no en todas las ciudades hay comisaría de la mujer y a veces no se toman las denuncias, las minimizan o reciben contradenuncias de los violentos.
Se trata de una problemática que la propia gobernadora reconoció: «A partir de hoy pueden usar esta aplicación sin necesidad de pasar por la comisaría, donde yo sé que muchas veces han tratado de que sus denuncias sean desestimadas o nunca llegaron a fiscalía».
Es por esto que desde la Defensoría de Género sostienen que «la mayor violencia machista es la que nos llega por parte del estado, cuando nos tenemos que enfrentar a tres poderes que trabajan en comunión para negarnos derechos, y es lógico que para eso no exista ningún plan porque ponemos en juego sus intereses, nuestra respuesta es organizarnos por fuera para exigir y no callar».
En este marco se dan dos grandes críticas hacia las políticas de estado en materia de género. Por un lado apuntan al llamado «Plan Nacional de Acción Integral», el cual está basado en cinco ejes: prevención, atención integral, monitoreo y evaluación, formación y fortalecimiento institucional.
Sin embargo Pérez sostuvo que «un plan contra la violencia de género debe incluir el aborto gratuito y en el hospital. Mientras nos lo sigan negando no se puede hablar de plan y mucho menos integral. Mientras que los propios funcionarios del gobierno sigan diciendo que no abortar debería ser parte de las reivindicaciones de Ni una Menos, es absolutamente cínico hablar de un ´plan integral´».
Por otro lado Vidal se refirió a la importancia del primer ítem: la prevención. En este sentido manifestó que «con esto no alcanza, tenemos que seguir haciendo prevención, entre todos, desde el área de educación, en escuelas de verano, en colonias, y prevenir la violencia de género desde el noviazgo».
Dentro del «Plan integral» la prevención apunta a trabajar en la incorporación en todos los niveles educativos la perspectiva de género, entre otros objetivos. Sin embargo es importante señalar que la Ley de Educación Sexual Integral no tiene un cumplimiento efectivo, uno de los principales reclamos de las organizaciones.
Mientras tanto, desde el movimiento Ni una Menos reclaman, entre sus «cinco puntos para comprometerse», los recursos necesarios para la implementación y monitoreo del Plan Nacional de Acción para la Prevención, la Asistencia y la Erradicación de la violencia contra las mujeres; que se garantice el acceso a la justicia; y que se cumpla y profundice la Educación Sexual Integral en todos los niveles educativos.
