En el segundo de los conversatorios virtuales enmarcados en la semana del 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, Logan Boero y Noelia Alteño, militantes por los derechos de las personas trans y travestis en Luján, expusieron sus experiencias y proyecciones en torno a la inclusión laboral trans.
Además, la concejala Carolina Francia y la Directora de Géneros y Diversidad, Mariana Sierra, aportaron algunos puntos clave sobre el proyecto de ordenanza en la actualidad trabajado en las comisiones del Concejo Deliberante. El encuentro fue coordinado por Violeta Killian Galván.
La violencia institucional como realidad cotidiana
Cuando llegó al Bachillerato Popular Carlos Fuentealba, Noelia Alteño estaba a punto de darse por vencida en su proyecto de estudiar y terminar la secundaria. En su trayectoria educativa pasó por muchas escuelas que no cumplían con la Ley de Identidad de Género.
El destrato hacia ella y la ignorancia sobre el Artículo 1º de la Ley 26.743 también se repitió en otras instituciones por fuera del ámbito educativo, como el Hospital de Luján. “Todavía falta mucho por recorrer”, explicó Noelia en torno a la importancia de la formación con perspectiva de género en las instituciones del Estado.
Por su parte, Logan Boero contó que a su corta edad, él tiene 17 años, ya tuvo experiencias de entrevistas laborales en las que lo discriminaron por autopercibirse como trans masculino. Esta Ley, indicó, «daría muchas posibilidades de conseguir laburo”.
Su historia también se inscribe en una realidad de violencia institucional, sin embargo Logan resalta el abordaje de la ESI en la Escuela Secundaria Nº 5, del Barrio El Quinto, donde encontró apoyo de docentes y estudiantes, y donde hoy forma parte del Centro de Estudiantes.
El proyecto de ordenanza
Carolina Francia fue una de las concejalas que presentó el proyecto de ordenanza para implementar la inclusión laboral trans. “En argentina tenemos leyes de vanguardia que son admiradas en Latinoamérica y el mundo. Estas leyes son productos de la lucha. Y nos dan la posibilidad de usarlas para transformar la realidad”, planteó en su exposición.
En esa línea, explicó que es fundamental la participación de quienes protagonizan esas luchas ya que “para transformar al Estado hay que cambiar ciertas lógicas”. También explicó que la ordenanza que hoy se está trabajando en comisiones, fue construida de forma conjunta con actores políticos y sociales que encarnan la lucha del colectivo trans-travesti.
El objetivo es “que se convierta en una herramienta que permita la inclusión laboral. La búsqueda es la inclusión al derecho laboral, que no sea solamente cumplir un cupo”, explicó Francia. Hoy, la Ley dispone que un mínimo de 1% del personal de planta de Estado Municipal debe ser ocupado por personas trans e identidades no binaries.
Entre los instrumentos que propone, se encuentra la creación de un Registro Unificado de Solicitantes de Empleo “Amancay Diana Sacayán”, con el objetivo de que el Municipio garantice, a quienes se inscriban, los medios necesarios para la terminalidad educativa y la formación en oficios.
Por su parte, la Directora de Género y Diversidad hizo hincapié en el objetivo reparatorio que tienen tanto la Ley como el proyecto de ordenanza. Y, además, desarrolló sobre el abordaje que las trabajadoras de la Dirección vienen haciendo en cuanto a las problemáticas de la población LGBTIQ+.
“Queremos generar identificación con las disidencias”, señaló Sierra, “porque la dirección de género siempre estuvo muy vinculada con la ley de violencia familiar que siempre estuvo dirigida a mujeres hetero-cis” apuntó.
“Hacia 2018 solamente nueve municipios tenían un área puntual de diversidad sexual. Se ha avanzado muy de a poco en deconstruir las instituciones, es interesante ver las experiencias”, opinó la directora, enmarcando estos procesos en el avance de los movimientos feministas que “vienen a discutir la estructura patriarcal”.
Las cuarentenas más difíciles
Desde el comienzo del aislamiento, organizaciones transfeministas y de la comunidad LGBTIQ+ reclaman la asistencia del Estado para mujeres trans y travestis. Aislades en hoteles y pensiones que les cobran alquileres altísimos y desproporcionados; sin ingreso de dinero, ya que la mayoría tiene trabajos informales altamente precarizados, viven, bajo amenaza de desalojo, las cuarentenas más difíciles.
La violencia institucional, la exclusión laboral, la mirada hostil en las calles y los transportes públicos son escenas del cotidiano para las personas de la comunidad trans. Aún sin aislamiento preventivo, habitar la vía pública implica para elles un riesgo de contravención. Aún sin pandemia, su expectativa de vida es de entre 30 y 40 años.
En este marco, la implementación de la Ley Provincial de Cupo Laboral Travesti-Trans “Diana Sacayán” se vuelve una necesidad imperiosa: una cuestión de vida o muerte para todo un colectivo históricamente postergado, olvidado, empujado a la marginalidad, a pocas o nulas opciones laborales muy mal remuneradas. Con elles es la deuda y ahora es cuando.
Foto: Julieta Brancatto.
