La derogación de la Ley 25.542, de precio uniforme de venta al público de libros y la modificación de la ley que regula el funcionamiento y financiamiento de las Bibliotecas Populares, atentan contra la el acceso a la lectura y en consecuencia a la educación. En lo local, las Bibliotecas Populares se están organizando para visibilizar la medida que podría entrar en vigencia si el congreso aprueba el proyecto.
En Luján, la Biblioteca Popular Jean Jaurés, la Biblioteca Popular de Carlos Keen, la Biblioteca Popular Mónica Mignone, la Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi, la Biblioteca Popular de Cortinez, la Biblioteca del Museo de la Ciudad y la Biblioteca Ameghino, están unidas en repudio a esta ley y explican que estos espacios, que son de todos y todas, corren peligro de existencia. “Sin cultura no hay libertad”, sostuvieron en un posicionamiento colectivo.
“Estamos en peligro, porque se dejaría de recibir dinero de la CONABIP para renovar libros, para capacitaciones, para pagar internet y proyectos, servicios y honorarios. Con lo cual, corre riesgo el trabajo, el ofrecimiento del servicio a la comunidad”, explica Guadalupe Meroño, tesorera de la comisión directiva de la Biblioteca Popular de Carlos keen.
Además, se formó un grupo de todas las Bibliotecas Populares del país, que se encuentran trabajando en comisiones y sumándose a acciones colectivas para difundir las actividades y actualizar novedades.
También están unidas a la lucha las bibliotecas públicas y escolares, en rechazo al DNU y a la Ley Ómnibus, que no solo rechaza a las secciones referidas al CONABIP, sino a todas las secciones que trabajan por la cultura.
Las bibliotecas no descansan, se encuentran trabajando activamente a través de la Comisión Directiva de la Federación de Bibliotecas Populares de la provincia de Buenos Aires, emitiendo comunicados y tratando de llegar a los diputados, diputadas, senadores y senadoras que tendrán que votar por la cultura.
La norma vigente conocida como Ley de Defensa de la Actividad Librera busca proteger a pequeñas y medianas librerías frente a las lógicas comerciales de los grandes actores, como cadenas o supermercados.
Según esta normativa, editores, importadores y representantes de libros deben fijar un precio único de venta al público (PVP); esto significa que los ejemplares tienen el mismo precio en cualquier comercio. Lo cual impide que los grandes actores puedan hacer rebajas desleales y consolida la “bibliodiversidad”.
De derogarse esta ley, repercutirá directamente en las librerías y favorecerá a las grandes empresas y cadenas; y, en consecuencia, el mercado quedará librado a las leyes de la oferta y la demanda.
Además, el presidente intenta modificar la Ley 23.351 del año 1986, que regula el funcionamiento y el financiamiento de las Bibliotecas Populares, bajo la administración de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP), que aplica lo establecido a partir de los recursos provenientes del impuesto al juego (Ley 20.630).
Lo que ocurrirá, si se aprueba, es que las Bibliotecas Populares dependerán de los subsidios que el Congreso les otorgue, y para obtenerlos deberán acreditar «la necesidad social de los servicios en la zona de influencia de la Biblioteca Popular», «las necesidades específicas para el crecimiento de las bibliotecas más carenciadas» y «el mayor esfuerzo» realizado en la prestación de servicios, según el proyecto de ley que se debatirá en el Congreso hasta el 31 de enero en sesiones extraordinarias.
En caso de aprobarse y reglamentarse, el organismo pasará a llamarse Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares y continuará bajo la órbita de la Secretaría de Cultura, a cargo de un presidente, un secretario y cinco vocales designados por el Poder Ejecutivo Nacional, con honorarios solo para el presidente.
